Las dos puertas del caso de Loreto

2digamos que el caso Loreto tiene dos puertas, aunque ahora mismo sólo hay una que está abierta si el equipo de Gobierno no lo remedia. Una, la que debería ser más importante, que es la que debe determinar si durante aquellas semanas de octubre la gestión técnica y política estuvo bien hecha, tiene la puerta cerrada desde que la Fiscalía decidiera archivar las diligencias y no se abriera una instrucción sobre el tema. La otra es la de los daños colaterales, la de los concejales del PP que consideran que se les ha calumniado e injuriado porque el alcalde, su jefe de gabinete y el exconcejal de Medio Ambiente dijeran que se había suministrado agua contaminada a sabiendas durante varios días hasta que se procedió al corte definitivo. Esta puerta también fue cerrada por la juez de instrucción, pero la Audiencia Provincial obligó a abrirla de nuevo.

Los tres miembros de Podemos han mantenido una estrategia defensiva muy parecida. Centran la responsabilidad sobre todo en Aguas de Cádiz y, sobre todo, afirman que nunca tuvieron intención de injuriar y calumniar a la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y al actual concejal y entonces presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní.

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Desde el actual equipo de Gobierno se sigue defendiendo que hay pruebas más que suficientes que indican que se ocultó información, que no se comunicó la incidencia a las autoridades sanitarias y que se mintió a la hora de situar el foco del problema. De hecho afirman que las declaraciones que hicieron sobre el suministro de agua contaminada, las efectuaron basándose en esos informes. Al no dar resultado la estrategia de entregar la documentación para que la Fiscalía investigara si había algún tipo de responsabilidad en la gestión de aquellos días, están dispuestos a cambiar los planes. En este sentido, están estudiando la posibilidad de presentar una querella por derecho, aunque la idea es hacerlo desde el abrigo de las formaciones políticas y no desde el Ayuntamiento.

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Uno de los investigados en la causa por injurias y calumnias es el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, que dimitió el pasado mes de diciembre por las acusaciones sobre las irregularidades en el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. González Bauza declinó el pasado miércoles hacer declaraciones ante los medios de comunicación, siguiendo con la línea que ha mantenido desde el pasado mes de diciembre cuando hizo una carta pública a modo de despedida. González Bauza es un hombre que lo ha pasado mal y que se ha visto superado por el rodillo de la política, donde es tan importante lo que se hace como lo que se dice. Eso sí, hasta para decir que no iba a hablar lo hizo con amabilidad.

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Y de los rescoldos de la dimisión de González Bauza sale una iniciativa por parte del actual equipo de gobierno para que se lleve a cabo una auditoría externa para analizar a fondo el servicio de limpieza y tratar de eliminar las dudas que hay en torno al mismo. Y todo esto se va a proponer dentro de la comisión de control y fiscalización de este servicio, que se encuentra prorrogado y al que le quedan dos telediarios a la espera de que salga a licitación el nuevo pliego de condiciones. Uno se pregunta si este control no es algo que debería ser normalizado en el día a día. No sólo se debe hacer con este contrato, sino con todos los que se firmen. La medida es buena a la vista de los acontecimientos pero no debería ser algo extraordinario sino que debería ser la rutina del día a día de la gestión.

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En el Partido Popular están hartos de que el equipo de Gobierno de Podemos venda a la ciudadanía medidas que dice que son novedosas y que ya se pusieron en marcha anteriormente. Una de ellas es la del pleno municipal infantil, que es algo tan viejo como el hilo negro. Otra cosa es que una de las propuestas del pleno infantil se lleve al ordinario.