Educación

El profesorado dice que no tolerará más “el despotismo de la Delegación de Educación”

  • El Personal Docente denuncia ante la Inspección de Trabajo la situación de los centros a causa del Covid

  • Aseguran que los equipos directivos “están desesperados y al borde de la saturación”

Representantes de la Junta Personal Docente ante la Inspección de Trabajo. Representantes de la Junta Personal Docente ante la Inspección de Trabajo.

Representantes de la Junta Personal Docente ante la Inspección de Trabajo. / J.S.R.

El profesorado de Cádiz sigue en pie de guerra ante la gestión de la vuelta a las aulas en plena pandemia de la Consejería y la Delegación Territorial de Educación. Este miércoles, sin ir más lejos, la Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz, que es la representación sindical de los docentes en Cádiz (USTEA, CCOO, ANPE, CSIF, CGT, UGT y APIA), interpuso la segunda denuncia en escasos días, después de la que entregó a la Fiscalía, esta vez ante la Inspección de Trabajo y con más frentes abiertos además de las ratios ilegales, caso de la vulnerabilidad del profesorado que padece enfermedades, la falta de supervisión de los protocolos de actuación de los centros frente al Covid-19 o las condiciones laborales a las que han estado sometidos los equipos directivos para poner a punto los centros educativos.

La presidenta de la Junta de Personal Docente, María Jesús de León, declaró a la puerta de la Inspección de Trabajo que, en cuanto a las ratios ilegales, la provincia contaba ya con 50 centros que tienen este problema, después de habilitar un correo para recoger las denuncias. Según De León, “el incumplimiento de la norma se ha hecho sistema”, criticando a una Delegación Territorial que “no nos facilita los datos que le pedimos, en un claro acto de oscurantismo porque sabe que está cometiendo ilegalidades”. A su juicio “es un atentado contra la salud pública de toda la comunidad educativa meternos en las aulas en estas condiciones, sin distancias de seguridad. Se está jugando con la salud de los profesores y por extensión de la comunidad educativa y del resto de la sociedad.”

En el caso de la capital, la Junta de Personal Docente denuncia casos en el CEIP Reyes Católicos, ante la “imposibilidad de mantener la distancia de seguridad en todas las aulas, siendo lamentable que en 3º de Primaria haya un grupo con 27 alumnos, dos más de lo permitido, y una profesora con discapacidad motórica usuaria de silla de ruedas, impidiéndole la distribución del aula desplazarse y atender de manera adecuada al alumnado”. Además, en este centro otros dos grupos de 2º de Primaria tienen 27 escolares y uno de 1º, 26. Casos similares ocurren en el CEIP Carola Ribed, con varios grupos que superan la ratio permitida; el IES San Severiano, con 38 estudiantes en 1º de Bachillerato “pese a tener el centro demanda como para obtener una segunda línea”; el IES Cornelio Balbo, con 37 alumnos también en un 1º de Bachillerato; y el IES Fuerte de Cortadura, “que desdobla grupos en algunas materias, pero no en todas, por lo que la finalidad de los grupos burbuja no se consigue”. También se cita en la denuncia al alumnado del Coro del Real Conservatorio de Música Manuel de Falla, en la Casa de las Artes, “que no ha disminuido su ratio y que debe extremar sus precauciones y mantener una distancia de seguridad mayor al metro y medio al cantar, para que la saliva no se proyecte de unas personas a otras”.

El Personal Docente denuncia ratios ilegales en el CEIP Reyes Católicos, CEIP Carola Ribed, IES San Severiano, IES Cornelio Balbo y el IES Fuerte de Cortadura.

Denuncian asimismo los docentes que no se está reconociendo la condición de vulnerabilidad al profesorado que padece enfermedades de riesgo recogidas en la legislación, entendiendo que al extenderse los contagios en las aulas en estas dos semanas de curso, “empiezan a saltarse los controles de realizar test al resto del claustro y alumnado, lo que supone una vía de extensión epidemiológica absolutamente peligrosa e ilegal”. La Junta de Personal Docente habla incluso de la “discutida fiabilidad”, según “muchos especialistas”, de los test rápidos realizados a los profesores antes de iniciarse el curso.

En la denuncia se destaca que no se están supervisando los protocolos Covid en los centros, dejando esta responsabilidad a los equipos directivos y profesores, “que no son especialistas en salud pública, añadiendo mayor estrés a su ya estresante carga laboral”. De hecho, los docentes lamentan las “jornadas laborales titánicas a las que están sometidos los equipos directivos”, que ha impedido a muchos de ellos “a disfrutar de su mes de vacaciones, agosto, para poder preparar los centros sin ayuda ni asesoramiento por parte de la Administración”, precisó María Jesús de León. Recordó que las nuevas instrucciones planteadas por Educación a principios de septiembre “tiró por tierra todo el trabajo y planificación de estas personas”, calificando este trato de “absoluto desprecio”.

De León puso el ejemplo de la directora del IES San Severiano, “que está de baja tras sufrir una subida de tensión motivada por la situación de estrés continuado”. Y es que según la Junta de Personal Docente “los equipos directivos están desesperados, al borde de la saturación”.

María Jesús de León avisó por último que “ya no lo vamos a tolerar más mientras en la Delegación actúan como sátrapas y déspotas. Seguiremos denunciando. No vamos a dejar es la salud de los compañeros en manos de personas que no le importamos nada y que nos tratan como a mercancía”.

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