Los Parsa Doner Kebab de Cádiz cerraron tras desarticular la Policía una organización de trata de seres humanos y explotación laboral

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cádiz y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz.

Las pesquisas policiales permitieron detectar la actividad delictiva que se estaba desarrollando en cuatro establecimientos de hostelería especializados en comida rápida tipo kebab, dos ubicados en la ciudad de Cádiz y otros dos en Badajoz, llamados Parsa Doner Kebab. Según la investigación, los locales eran utilizados para explotar laboralmente a personas extranjeras en situación de extrema vulnerabilidad.

Víctimas captadas en situación de extrema vulnerabilidad

Las víctimas, procedentes principalmente de Pakistán, habían abandonado sus países de origen huyendo de situaciones de pobreza extrema, precariedad laboral y graves problemas de seguridad. Muchas de ellas soportaban importantes cargas familiares y habían emprendido su viaje con la esperanza de encontrar oportunidades laborales en Europa.

Una vez en España, y encontrándose en situación administrativa irregular, aceptaban trabajos en los citados establecimientos de hostelería, donde eran sometidos a condiciones laborales y de vida extremadamente precarias.

En algunos casos, las víctimas residían en los propios locales donde trabajaban, durmiendo en sillas y sin disponer siquiera de colchones. Utilizaban los baños destinados al público para su aseo personal y se alimentaban con la comida disponible en el establecimiento. Sus jornadas laborales se prolongaban entre doce y catorce horas diarias, en ocasiones sin percibir salario o recibiendo remuneraciones mínimas.

Otros trabajadores eran alojados en viviendas destinadas a tal fin, donde convivían hacinados con otros compatriotas en condiciones insalubres, llegando a detectarse colchones infestados de chinches. A pesar de estas condiciones, mantenían jornadas laborales igualmente extensas, con escaso descanso, alimentación insuficiente y percepciones económicas que en algunos casos apenas alcanzaban los cien euros mensuales.

Control, amenazas y coacciones constantes

La investigación ha revelado que las víctimas estaban sometidas a un férreo control por parte de los responsables de la organización. Los trabajadores eran vigilados mediante cámaras de seguridad instaladas en los establecimientos, a través de las cuales los tratantes les daban instrucciones e incluso les despertaban durante la noche para realizar distintas tareas. Asimismo, eran objeto de amenazas constantes, especialmente relacionadas con su situación administrativa irregular. Los responsables les advertían de que, si abandonaban el trabajo o denunciaban la situación, serían denunciados para su expulsión del país.