Los operarios del centro de ancianos del Obispado exigen una solución

La dirección facultativa de la obra y representantes de la Diócesis se reunieron ayer pero no se informó a los trabajadores del contenido de dicho encuentro

Los trabajadores, concentrados junto a la puerta del futuro centro de atención para la tercera edad.
Los trabajadores, concentrados junto a la puerta del futuro centro de atención para la tercera edad.
B. Estévez / Cádiz

06 de agosto 2010 - 01:00

Los responsables y operarios de las subcontratas que trabajan para la empresa Sevimundi -adjudicataria de las obras del nuevo centro de atención para la tercera edad que el Obispado de Cádiz está construyendo en el antiguo Hospital de San Juan de Dios- se muestran intranquilos ante la falta de noticias, y exigen una solución al problema de la suspensión de pagos.

Tanto en la mañana del miércoles como en la de ayer, la dirección facultativa de la obra y representantes de la Diócesis estuvieron reunidos durante varias horas, pero el contenido de dichas reuniones no se ha comunicado a los empleados que, como ya informó este medio días atrás, han decidido paralizar su actividad en el equipamiento hasta que no perciban el dinero que se les adeuda. En total, el de las tres últimas nóminas.

Por el momento, el cese de la actividad es la medida que han acordado como señal de protesta, aunque ya ayer algunas voces sugirieron otra: impedir la entrada de mobiliario en el futuro centro de ancianos, que ya ha comenzado a ser equipado. La obra, según indicó el responsable de una de las subcontratas, ya está finalizada, pero los trabajadores se niegan a aportar la documentación que resulta imprescindible para la apertura de la residencia.

Un asesor de la empresa Sevimundi puntualizó ayer que ningún representante de la contratista ha estado presente en esas reuniones celebradas estos dos días atrás. "Sevimundi no está interviniendo", recalcó.

Asimismo, los proveedores creen que en esos encuentros entre la dirección facultativa de la obra y el Obispado se está concretando el montante económico que la institución religiosa debe abonar a la adjudicataria, y que podría rondar los 520.000 euros. Como ya indicó este medio, las subcontratas estiman que el dinero que se les debe asciende a 800.000 euros, aunque la empresa ya advirtió tiempo atrás a los trabajadores que no podía afrontar la deuda.

El responsable de una de las subcontratas mostró ayer su preocupación e indignación por este asunto, y aunque aseguró no tener nada en contra del Obispado de Cádiz, "sí debería haberse asegurado en todo momento de que los trabajadores estaban percibiendo su salario, e igualmente debería haber tomado cartas en el asunto en cuanto conoció la noticia de la suspensión de pagos".

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