El nuevo Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz, que tanta polvareda ha levantado tanto antes como después de su aprobación, sigue vivo tras las alegaciones realizadas por la Junta de Andalucía que a principios de agosto otorgaba un mes de plazo "para anular o adaptar la legalidad de los preceptos" que el Gobierno andaluz señaló en el texto acordado por los trabajadores con el anterior equipo de Gobierno.

De esta forma, este mismo jueves 24 de agosto se han reunido representantes de la plantilla y del actual equipo de Gobierno con sus técnicos que han proporcionado a los líderes de los trabajadores un borrador con una serie de modificaciones al acuerdo que, como ha podido saber este periódico, no afectarían a las mejoras conseguidas para los funcionarios en el acuerdo regulador inicial. También los representantes de la masa laboral han llevado sus propuestas en la misma línea.

Así, aunque, efectivamente, se eliminarían algunos artículos y se procedería a un cambio de nomenclatura de algunos términos, para hacerlos acorde a la legalidad, el espíritu con el que se negoció el texto, calificado en su momento de "histórico", no se vería alterado, por lo que las condiciones laborales de los trabajadores quedarían igual.

Al parecer, este borrador sí contaría con el beneplácito de Intervención, Secretaría y Tesorería del Ayuntamiento de Cádiz entes desde los que, según se comentó en su momento, no se terminaba de ver con buenos ojos el acuerdo que entonces consiguió el Gobierno de José María González Kichi. En la actualidad, sin embargo, con las modificaciones de terminología y la supresión de algunos artículos (las fuentes de este periódico insisten que "sin importancia" para las mejoras conquistadas) estas entidades estarían conformes con el texto.

Con todo, las partes estudiarán esta semana el borrador y las propuestas para, previsiblemente, la semana que viene volver a verse para dar el sí definitivo al acuerdo con la intención de elevarlo a Pleno en septiembre. Tras su aprobación, el texto volvería a enviarse a la Junta de Andalucía que debe emitir su parecer.

La carta de Mercedes Colombo a Bruno García

Tres meses después de su aprobación en el Pleno municipal -y cambios en el sillón de San Juan de Dios, mediante-, el Acuerdo Regulador de la plantilla del Ayuntamiento de Cádiz, que también le costara un erial al anterior alcalde, fue señalado por la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Mercedes Colombo.

Así, en una carta dirigida al nuevo primer edil, y compañero de su partido, Bruno García, Colombo enumeraba una serie de incorrecciones detectadas en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Funcionarios del Ayuntamiento gaditano, otorgando un mes de plazo para "anular o adaptar a la legalidad los preceptos que se han relacionado".

Un documento donde la Junta arrojaba dudas de las competencias que el Ayuntamiento de Cádiz se atribuía en diversas leyes, poniendo en cuestión la autonomía de las entidades locales en algunas materias. Así, se citaba, entre otras, la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que cuando la entidad autonómica "considere que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes". 

Con todo, cuando se dio a conocer el contenido de la misiva, desde el lado de la plantilla aseguraron que la mayoría de cuestiones señaladas en el informe de Colombo eran "solucionables y salvables". Desde el Gobierno municipal, y aunque declararon que no tenían la intención de abrir una batalla legal contra la Junta por el acuerdo regulador, también mostraron su interés en mantener el documento vivo acordando con los sindicatos las modificaciones requeridas por la Junta.