La moratoria de licencias para pisos turísticos en Cádiz ha cumplido siete meses, tiempo durante el que se ha venido tramitando unos cambios en el PGOU para establecer límites permanentes a esos proyectos hoteleros o turísticos en la ciudad. Tiempo que según el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha servido para empezar a ver las mejoras que conlleva la medida; pero que al mismo tiempo sigue generando las mismas dudas a la oposición política.

Frente al discurso de Martín Vila, que habla de una decena de fincas que estaban estudiando proyectos turístico que han reconvertido en construcción y rehabilitación para nuevas viviendas, la oposición del Pleno no ha encontrado factores positivos en estos siete meses de moratoria. 

"Es una regulación radical inservible, porque Cádiz no está saturada turísticamente", ha afirmado la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, que ha comparado la realidad gaditana con otras capitales andaluzas como Málaga o Granada. "Su medida es un gran fracaso", ha sentenciado además el concejal Domingo Villero. "Ni es eficaz ni es proporcionada", ha añadido el popular José Manuel Cossi.

Cree la oposición que la clave fundamental de estos límites a la turistificación es que no está sirviendo para mejorar la realidad del acceso a la vivienda en Cádiz; “y sí se ha cargado la actividad comercial, la construcción y otros campos que giran en torno a esta actividad turística, de las pocas que generaban trabajo y expectativas en la ciudad”, según ha afirmado Villero.

De hecho, Cossi ha asegurado en el Pleno que el alquiler en la capital gaditana "ha subido un 10% desde la puesta en marcha de la moratoria hace siete meses". "Un total de 1.389 viviendas con fines turísticos hay hoy censadas en la ciudad, frente a 5.000 pisos vacíos", ha añadido el concejal del PP, que considera que esa política contra el turismo "es una excusa vuestra por su falta de política de vivienda, con 35 pisos hechos en 7 años".

Por su parte, el PSOE ha reclamado otras medidas para favorecer el acceso a la vivienda y para frenar la proliferación del uso turístico de los pisos en Cádiz más allá del cambio en el PGOU que se viene tramitando desde noviembre de 2021 y que este viernes ha sido aprobado (con los votos favorables del gobierno local y del PSOE y la abstención de Ciudadanos) de forma provisional rechazando las alegaciones presentadas.