Los empleados están hastiados porque "la hoja de ruta para reiniciar el curso nunca termina", explica la delegada de Personal de la Escuela de Hostelería de Cádiz, Desirée Ortega, y es que el embrollo administrativo en el que el consorcio se ha visto envuelto desde hace casi tres años tiene tintes dramáticos. Desde que comenzaron los problemas con el cambio en las competencias de una consejería a otra allá por 2013 los trámites se han convertido en una ratonera y los empleados sólo han encontrado salidas parciales cada vez que se le han devuelto las nóminas impagadas.

El centro continúa cerrado a cal y canto, ya no se permiten visitas de terceros, no hay alumnos, ni limpieza, ni siquiera suministro de gas, aunque los trabajadores vuelven cada día a su puesto. Comenzar a corto plazo a retomar la actividad formativa parece difícil por la cantidad de detalles que habría que solventar primero, sin embargo fuentes de la Consejería de Empleo no descartan acciones puntuales para este curso y afirman estar trabajando para retomar la normalidad de cara a iniciar las clases en septiembre.

El último alumno salió en julio de 2014. De los 16 trabajadores de plantilla más dos fijos discontinuos que había en 2012 quedan menos de la mitad. Los empleados del centro formativo esperan que la integración en Empleo sea definitiva tras el paso infructuoso por Educación. "Nos pedían la misma documentación una y otra vez en diferentes formatos, se ha movido una cantidad de papeles..." lamenta Ortega, que no entiende por qué se ha vetado el acceso a las instalaciones únicamente en el centro gaditano. Los afectados coinciden con la Delegación territorial en Cádiz de Empleo, Empresa y Comercio en dos aspectos básicos, por un lado la prioridad de zanjar las deudas contraídas lo antes posible, y por otro normalizar el programa formativo de cara al curso que viene.

Las cuentas de la Escuela de Hostelería están en proceso de auditoría una vez más. Cada vez que el centro ha pasado por un trámite administrativo como la revisión de las subvenciones, la integración en Educación o la liquidación del consorcio para incorporarse a la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (Apaef) ha tenido que pasar bajo la lupa de los verificadores europeos, los interventores de la Junta o los auditores. La Escuela ya está integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desde noviembre, pero el pago de las deudas anteriores a esa fecha está a la espera de que se auditen.

Los trabajadores presentaron en noviembre todos los datos a una empresa auditora. Esta se encuentra finalizando el informe que debe presentar a Intervención general. Será este departamento el encargado del pago. Este trámite es "vital", según la propia delegada de Empleo, Gema Pérez, para conocer las deudas, un "proceso puramente administrativo, pero complejo".

Las principales deudas que afronta el centro son los impagos de salario y los proveedores. Se debe el pago de siete nóminas y media más la parte proporcional de la paga extra de Navidad. Los trabajadores vienen cobrando su mes corriente desde mediados de noviembre, cuando se integraron en el SAE. Este asumió los activos y pasivos en una cesión global, que incluye las deudas con Hacienda y Seguridad Social, así como la necesidad de poner en marcha diferentes servicios que llevan sin funcionar desde junio del año pasado como la limpieza o el suministro de gas. Otros aspectos que tendrá que afrontar antes de iniciar cualquier actividad formativa es la de poner al día los sistemas de seguridad (extintores o plan de evacuación), revisión de ascensores, revisiones médicas del personal, facturas de luz, agua, conexiones de teléfono e internet...

Pérez reconoce que ponerse al día con los trabajadores es la prioridad absoluta porque "tras el impago de cada nómina hay un drama". La delegada se muestra comprensiva con la situación "desoladora" de los empleados y admite "dejarse la piel para solventarlo", además de expresar su "solidaridad" con ellos. "Que cobren las deudas es lo primordial, porque la oferta formativa se pondrá en marcha tarde o temprano", zanja la delegada.

Gema Pérez explica que se está trabajando en la programación de la formación y que considera que "lo más razonable" sería empezar el curso en septiembre, pero que no depende de la Delegación de Empleo sino que es decisión de la Consejería. Fuentes de la Junta informan que se está elaborando una oferta global para comenzar el curso en septiembre, pero que se va a intentar desarrollar acciones formativas puntuales en lo que queda del presente curso lectivo.

La falta de profesorado en el centro y la puesta al día de las instalaciones complican a día de hoy esta vuelta a la actividad a corto plazo, aunque aún hay meses por delante para que finalice el curso.

La Delegación de Empleo solicitó a los trabajadores que presentaran un programa formativo, lo que hicieron ya en el mes de diciembre. La delegada explica que la oferta del centro puede variar porque debe ser acorde a las acreditaciones y homologaciones, ajustándose a los nuevos decretos en la materia. Desde el centro argumentan que ya en 2012 se adaptó el programa formativo a los certificados de profesionalidad, de modo que no haría falta modificar el plan. El objetivo, coinciden, es volver a convertir la Escuela de Hostelería en un centro de referencia en el sector.

La promoción de alumnos que comenzó sus estudios en la Escuela en enero de 2014 se quedó a la mitad del programa formativo, puesto que salió en junio de ese año de las aulas y estas no volvieron a abrir. Su situación actual está en un limbo que dependerá de la programación formativa que presenten para el próximo curso, aunque fuentes próximas reconocen que se es consciente de que hay que buscar una salida para estos alumnos. La mayoría de estos se encuentran ya trabajando en el sector de la hostelería, según los profesores del centro.

La oficina del Defensor del Pueblo andaluz abrió una queja de oficio en agosto de 2015 para solicitar información sobre la situación de los consorcios formativos y de sus trabajadores. La semana pasada se conoció el fin de la actuación por considerar que el conflicto se encontraba en "vías de solución". Sin embargo, la reacción provocada por esta decisión parece que ha hecho replantearse el cierre del asunto, puesto que ha vuelto a pedir información actualizada a los centros afectados, que se quejan de que la situación no está solucionada aún.