Graduados Sociales piden que la Ciudad de la Justicia de Cádiz albergue un espacio sobre el origen gaditano del Tribunal Supremo

El Colegio dirige la petición al presidente de la Junta de Andalucía, al consejero de Justicia y a la presidenta del TS y del Poder Judicial

La Ciudad de la Justicia de Cádiz comenzará el 15 de diciembre

José Blas Fernández, presidente de los Graduados Sociales gaditanos.
José Blas Fernández, presidente de los Graduados Sociales gaditanos.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha dirigido diversas comunicaciones oficiales al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló Doménech, con el propósito de recabar el máximo apoyo institucional para que la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz incorpore un espacio permanente de estudio, documentación y difusión dedicado al origen del Tribunal Supremo de España y de Iberoamérica, fundado en Cádiz en 1812.

Las cartas remitidas —cuyo contenido coincidente subraya el valor histórico y jurídico de esta iniciativa— destacan que la nueva Ciudad de la Justicia abre “una oportunidad histórica para dotar al complejo judicial de un contenido institucional que reconozca la profunda raíz constitucional y jurídica de nuestra ciudad”, tal como queda reflejado en la comunicación dirigida al presidente de la Junta

El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, recuerda que “Cádiz fue la sede del primer Tribunal Supremo de España y de las provincias de ultramar, en plena vigencia de la Constitución de 1812, con una composición integrada por representantes de todos los territorios de la monarquía. Fue un hito de enorme trascendencia que convirtió a Cádiz en un nodo jurídico internacional y en el origen común de los actuales tribunales supremos de Iberoamérica”

El Colegio propone que la Ciudad de la Justicia incorpore un Observatorio, Centro de Estudios o Centro de Documentación sobre Constitucionalismo y Justicia Iberoamericana, que permita:

Conservar y difundir el legado del primer Tribunal Supremo nacido en Cádiz; crear un espacio de cooperación jurídica entre España y los países de Hispanoamérica; atraer congresos y actividad académica de alto nivel en Derecho Constitucional e Historia del Derecho; e integrar esta dimensión histórica en un complejo judicial moderno y con vocación de servicio público.

Estos objetivos se detallan en las cartas remitidas tanto al presidente de la Junta como al consejero de Justicia, donde se destaca que esta iniciativa “supone no solo un acto de justicia histórica, sino una apuesta por proyectar a Cádiz como referente jurídico internacional” .

El presidente afirma: “Hemos solicitado el apoyo de todas las máximas autoridades institucionales del ámbito jurídico porque esta iniciativa no es solo un reconocimiento histórico: es una oportunidad para que Cádiz recupere y proyecte un legado que pertenece a toda España y a toda Iberoamérica. La futura Ciudad de la Justicia tiene que mirar al futuro, pero también a sus raíces. Y pocas ciudades en el mundo pueden acreditar ser la cuna del constitucionalismo moderno y del primer Tribunal Supremo que sirvió de referencia a los países hispanoamericanos. Este proyecto reforzará nuestra posición en el ecosistema jurídico nacional e internacional, y confiamos en contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial para hacerlo posible.”

En la misiva dirigida a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, el Colegio ha solicitado incluso una reunión institucional para trasladar personalmente el proyecto, subrayando que su apoyo sería “de enorme valor, al tratarse de la institución que encarna directamente el legado histórico que nació en Cádiz hace más de dos siglos”

“Es el momento de que Cádiz, una ciudad que fue origen de tantas instituciones esenciales del Estado de Derecho, vuelva a ocupar el lugar que merece en la historia jurídica de España y de Iberoamérica”, concluye José Blas Fernández.

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