Tribunales Cádiz

El fiscal pide prisión para la ex directora de una fundación de Cádiz por apropiarse de 400.000 euros

  • La acusación pública sostiene que la que fue responsable financiera de la Fundación Biomédica realizó más de 2.000 transferencias bancarias a su favor durante ocho años

La novena planta del hospital Puerta del Mar de Cádiz acoge la sede de la Fundación Biomédica.

La novena planta del hospital Puerta del Mar de Cádiz acoge la sede de la Fundación Biomédica. / Julio González

La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para la que fue responsable financiera de la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz (Inibica), una entidad pública vinculada a la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y la Universidad de Cádiz, por quedarse con más de 400.000 euros tras efectuar 2.000 transferencias bancarias a su favor desde la cuenta del organismo entre 2011 y 2019. La fiscal la acusa de un delito de apropiación indebida agravado por razón de la cuantía y de un delito de falsedad en documento privado. La causa ya está en la Audiencia Provincial de Cádiz a la espera de que se señale la fecha de juicio. 

El escrito de calificación fiscal recoge que la procesada comenzó a prestar sus servicios como responsable de la administración y gestión económico-financiera de la Fundación Biomédica de Cádiz en septiembre de 2009. Entre sus funciones, le correspondía la supervisión, control y ejecución de la contabilidad y, por delegación de los distintos presidentes de la entidad, tenía atribuida la ejecución directa de todos los pagos a terceros, incluidos proveedores y trabajadores.

Aunque las claves de autorización bancaria para realizar los pagos telemáticos se asignaban al presidente de la Fundación -quien los hacía inicialmente-, a medida que "fue creciendo la confianza en la querellada, los distintos presidentes (salvo el actual, Sebastián Quintero, también gerente del Hospital Puerta del Mar) encomendaron esta función a la encausada, a la que incluso le entregaron físicamente las tarjetas y las claves personales de acceso correspondientes a la cuenta bancaria de la Fundación Biomédica", apunta la acusación pública.

"Desde esta posición, la procesada adquirió parte de las cantidades depositadas en el banco" por el organismo público, según describe la Fiscalía.

Así, los proyectos de investigación desarrollados tenían asignado un presupuesto y eran sometidos a la fiscalización y control de los servicios de intervención, pues la mayoría se veían beneficiados por ayudas o fondos públicos. Se trataba de un control estricto de justificación que requería de soporte documental detallado (facturas) por cada gasto. 

"Pero además -especifica el escrito de acusación fiscal- la Fundación Biomédica de Cádiz disponía de una partida presupuestaria independiente a fin de satisfacer costes generales y de estructura (liquidaciones tributarias, personal, seguros sociales, desplazamientos, dietas, correos, gastos financieros...) que no estaban sometidos a la fiscalización de las Administraciones Públicas al no estar directamente subvencionados, a diferencia de los proyectos de investigación. 

"La acusada aprovechó tal circunstancia para realizar un total de 2.159 transferencias bancarias desde la cuenta de la Fundación a sus cuentas corrientes personales. Además, las efectuó por importes menores en relación al presupuesto global de la Fundación durante un tiempo prolongado, desde octubre de 2011 hasta noviembre de 2019", señala la fiscal en sus conclusiones provisionales, en las que cuantifica la cantidad defraudada en 409.629, 87 euros.

La procesada ha mostrado su arrepentimiento por el fraude cometido

Para evitar ser descubierta, prosigue la acusación pública, la encausada falseó el concepto por el que ordenaba la transferencia, "identificándolo aleatoriamente como gastos de proveedores, pagos ficticios de notas de gastos personales o incluso compras de bienes fungibles".

Asimismo, para justificar contablemente la salida de dinero del banco, la entonces responsable financiera accedió de manera periódica al sistema informático de la Fundación para identificar cada pago con una ficticia obligación, puesto que el sistema permitía justificar pagos no correspondientes a facturas o remesas de facturas a través del epígrafe 'otros cargos', donde se incluían dietas, transporte... "Esa fue la vía utilizada por la acusada, dado que ese tipo de asiento de diario permitía contabilizar salida de efectivo sin dar de alta una factura o documento justificativo", señala el escrito de la Fiscalía.

Así, a través del sistema informático, la directiva daba de alta en la contabilidad los importes de las transferencia efectuadas tras "falsear los nombres de los distintos beneficiarios (nombres de compañeros de trabajo, del banco, de proveedores o de la propia Fundación) y alterar el CIF del cliente, el domicilio y el concepto que sustentaba el pago". "Lógicamente, añade la fiscal, el apunte contable carecía de soporte documental".

Finalmente, el arqueo del banco coincidía con los datos de contabilidad para que, al final de cada periodo y ejercicio fiscal, el saldo de la cuenta corriente dispuesto se ajustara a la contabilidad de la Fundación y evitar así el descuadre que hubiera revelado la actuación de la encausada.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía indican que la responsable económica llegó a alterar la contabilidad de las cuentas anuales de ejercicios cerrados, aprobados y depositados. De hecho, a raíz de ello la Consejería de Justicia requirió a la Fundación en 2015 para que subsanara deficiencias en las cuentas anuales de 2012, 2013, 2014 y 2015. Uno de los problemas detectados fue la incorporación de determinados gastos en la partida de amortización de un préstamo ICO "que llevaba tiempo pagado". "Las amortizaciones localizadas se correspondían en realidad con disposiciones de dinero que la procesada venía realizando", afirma la acusación pública.

La procesada sufrió un accidente de tráfico el 9 de septiembre de 2019 que motivó su baja laboral. Entonces, sus funciones fueron asumidas temporalmente por el gerente de la Fundación mientras que las tareas de control financiero las llevó otra compañera, que fue quien detectó las irregularidades y las puso en conocimiento del Patronato del Inibica. La Fundación destituyó a la directora y denunció el fraude en los tribunales.

Fuentes consultadas por este periódico han confirmado que la encausada está ingresando determinadas cantidades en la cuenta del Juzgado para intentar devolver la suma defraudada. Asimismo, ha mostrado su arrepentimiento por lo sucedido. 

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