El final de una época

El primer pleno del año destacó por la descafeinada naturaleza de las confrontaciones políticas y por ser el final de una época que da paso a otra en lo reglamentario. Ayer fue el último día con el ya antiguo ROM en vigor, abriendo así las puertas al cambio. Al menos en cuanto a las propuestas, que ya no podrán tener un carácter nacional. Sin embargo, ayer el protagonismo fue para el persistente pulso mantenido entre el PP y el equipo de gobierno por el bono eléctrico. ¿Estatal o social? ¿Quién debe firmar qué? ¿Cuál es mejor para la ciudadanía? En la bancada popular, toda la respuesta a la pobreza energética estaba en acogerse a un bono eléctrico estatal, que Eléctrica de Cádiz se haga comercializadora de referencia y que José María González firme todo esto. En frente, el gobierno local, halló la solución en un bono eléctrico local, avalado por Eléctrica de Cádiz, ofrecido a los ciudadanos por la Fundación Eléctrica de Cádiz y que depende de la firma del edil popular y presidente de esta última organización, José Blas Fernández. Dos soluciones diferentes, un distanciamiento más.

Y es que aunque en la jornada de ayer se debatieran 21 puntos y otros tantos de urgencia, el grueso de las intervenciones populares desembocaron en peticiones del portavoz del PP, Ignacio Romaní, para que José María González rubricara el bono estatal eléctrico, provocando así la respuesta de Podemos y que aquello pareciera más bien el juego de la patata caliente.

"El propio 15-M está pidiendo que el señor alcalde ponga el bono social estatal, por lo tanto escuche usted a la ciudad. Se lo han puesto por escrito y se lo han pedido otros colectivos", recriminó Romaní al alcalde. Por alusiones, González, contestó: "Solamente doy dos ideas frente a las mentiras. El bono estatal ya está aprobado en Cádiz porque es algo nacional, para acogerse al bono estatal sólo hace falta solicitarlo y cumplir los criterios". Y apuntó que, para ello, el interesado tendría que abandonar Eléctrica de Cádiz y apuntarse a otras empresas nacionales. También añadió que: "El bono social eléctrico estatal podría causar un perjuicio en Eléctrica de Cádiz. Para responderlo o saberlo, el consejo de administración de Eléctrica ha solicitado un informe para saber si el hecho de convertirse en comercializadora de referencia repercutiría en esta empresa mixta municipal".

Dejando al margen esta eléctrica refriega, ayer se aprobaron dos importantes medidas. Una de ellas la relativa al nuevo Reglamento Orgánico Municipal, que se votó con la conformidad de todos los partidos políticos, a excepción del PP. "El PP tenía un ROM a su imagen y semejanza, no daban voz a la ciudadanía. Este ROM recoge ese espíritu de dar voz a la ciudadanía", sostuvo la edil de Podemos, Ana Fernández. La contrarréplica llegó de parte de un Romaní que argumentó dándole una relevancia especial a la política venezolana. "Le dice a la oposición que no puede presentar más de unas tantas iniciativas pero el alcalde puede presentar todas las que quiera. Esto es restricción", denunció, además de calificar al PSOE de "muleta de un partido de izquierda radical que intenta acallar a la oposición". El portavoz socialista replicó con lo siguiente: "En la época que usted era portavoz del gobierno de Teófila, las comisiones informativas duraban un minuto. No había debate. Usaban y abusaban de la mayoría absoluta".

Por otro lado, todos los partidos estuvieron de acuerdo en reclamar a Fomento el 1,5% cultural para el Museo del Carnaval. No sin antes asistir a una lucha sin dialéctica ninguna entre Romaní y la concejala de Fiestas, María Romay. Además, la oposición reclamó más información en lo referente a este proyecto ideado en el Palacio de Recaño.