A la espera de un nuevo hogar

Antonio Moreno y Ana Benítez tienen hasta final de mes para dejar su casa de la calle Benjumeda, cuyo desahucio se paralizó el pasado día 2

Antonio Moreno y Ana Benítez, en el salón de la vivienda que habitan en la calle Benjumeda.
Antonio Moreno y Ana Benítez, en el salón de la vivienda que habitan en la calle Benjumeda.
Rafa Burgal Cádiz

22 de junio 2015 - 01:00

El pasado 2 de junio, la paralización de la orden de desahucio de Antonio Moreno y Ana Benítez de la vivienda que habitan en el número 35 de la calle Benjumeda fue noticia en los medios de comunicación de ámbito nacional. Una cadena humana en el portal del inmueble evitó que la comisión judicial pudiera acceder al piso para realizar el lanzamiento. La peculiaridad del caso fue que entre las personas que participaron para el desahucio no se produjera estaba José María González 'Kichi', por entonces recién elegido concejal de Por Cádiz sí se puede y ahora nuevo alcalde de Cádiz. El foco mediático se centraba en su figura por su implicación.

Esta acción, en la que estuvieron tanto miembros de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común -tal como recuerda el propio Antonio-, solo sirvió para aplazar el lanzamiento hasta hoy, la nueva fecha que se dictaminó para que Antonio y Ana abandonen el hogar. Una solución a medias porque solo servía para ampliar el plazo para buscar una solución.

Días de "incertidumbre", tal como asegura el propio Antonio, para encontrar un lugar donde vivir y no quedarse en la calle, con un cambio de Gobierno municipal de por medio. Ahora, entre la esperanza de poder habitar una nueva casa, a última hora se ha ampliado el plazo hasta finales de junio para buscar un piso en el que vivir. Una semana más en el compromiso que González le hizo llegar a esta pareja de encontrarles una nueva casa. La promesa que ha recibido la familia es que será el Ayuntamiento quien le busque la vivienda que habitarán Antonio, Ana y su hija de 16 años, ya que por sus propios medios no son capaces de encontrar un alquiler debido a los escasos recursos económicos que tienen y la negativa de los propietarios a arrendarles un piso.

A pesar de los golpes que han sufrido, Antonio todavía cree que va a haber una solución satisfactoria. "Esperanza tengo porque mira lo que están haciendo por mí", se afana a decir Antonio al referirse al apoyo que está recibiendo. Entre las personas, nombra a Sandra -no recuerda en el momento de la entrevista el apellido- como la intermediaria que la está ayudando dentro de Por Cádiz sí se puede.

Para llegar a la situación actual se han dado varios condicionantes desde que comenzaran a vivir Antonio y Ana en la calle Benjumeda. Llegaron a la vivienda en 1986, pagando una mensualidad de apenas 9.000 pesetas, que se fue actualizando año tras año sin llegar a superar las 10.000 pesetas con un contrato indefinido. Una renta antigua muy asequible mientras que Antonio alternaba trabajos como camarero, cocinero o albañil.

Los problemas comienzan cuando la casa "se cae", tal como cuenta Antonio, por culpa de unas obras en una finca colindante. De un día para otro son realojados en San Severiano por la necesidad de rehabilitar la finca por seguridad. Unos dos años de obras para poder volver en 2003. "A mí se perdieron todos los papeles", apunta Antonio. Entre la documentación que desapareció estaba el contrato indefinido de la renta de la vivienda. Al regresar firmó un nuevo contrato de diez años con un alquiler de 90 euros mensuales más el IBI, actualizándose anualmente. Al ser una finca rehabilitada por la Junta de Andalucía, la condición para la ayuda era respetar el precio del arrendamiento la primera década.

En medio, en 2005 se le diagnostica a Antonio un cáncer en la boca, por el que tiene una minusvalía del 86%. Desde que se la conceden en 2006, cobra una pensión no contributiva de 366 euros. Una paga corta porque "he estado siempre de chapuza. Yo he cotizado dos o tres años nada más. Nunca he estado de alta y eso ahora te perjudica". Sin embargo, tiró para adelante con este dinero y lo que conseguía entre la chatarra y el Baratillo.

El problema surge en 2013, cuando pasa de pagar 158 euros al mes de alquiler e IBI a los 420 euros que le pide la propiedad, momento en el que deja de pagar y hasta la fecha. "Me dieron coba", repite Antonio varias veces lamentándose por la firma del contrato.

Por el camino, en el intento de conseguir una ayuda a su situación, el pasado 9 de junio firmó la exconcejal de Bienestar Social, Carmen Sánchez, una ayuda para al alquiler de un mes de fondo y un mes corriente y que se valorará un apoyo del 90% de la renta durante 12 meses.

Todo a la espera de una buena nueva. "Los de Podemos están conmigo a tope desde que entró el chaval nuevo de alcalde", dice Antonio con el deseo de que las promesas se conviertan en realidad.

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