El año 1990 comenzaba con el plan para rehabilitar íntegramente la barriada del Cerro del Moro, dotándolo de 600 nuevas viviendas, además de equipamientos y servicio. Un ambicioso proyecto que se dividió en ocho fases para hacer viable su ejecución, lo que no ha evitado que hoy, 32 años después, siga pendiente de culminar con las dos últimas fases. El trámite que hace unos días aprobaba el Pleno del Ayuntamiento para modificar el PGOU y al mismo tiempo corregir una serie de errores se presupone como el último obstáculo de los cientos que ha tenido el desarrollo de este plan urbanístico, que ha visto dos planes generales camino del tercero, gobiernos de signos políticos distintos al frente de la Junta de Andalucía y hasta tres cambios de ciclo en el Ayuntamiento (de Carlos Díaz a Teófila Martínez, y de ella a José María González Kichi).

Los últimos informes técnicos precisan con detalle dónde ha radicado el último retraso de la reforma del Cerro del Moro. “El detalle determinante de la dificultad que entraña la nueva gestión implementada desde el Plan General es que durante el período de redacción del Plan General la propiedad de los edificios de las fases séptima y octava ha cambiado y de ser la Comunidad Autónoma el único propietario ha pasado a tener 115 propietarios privados”. Es decir, que la administración que planteó la ejecución de esas fases 7 y 8 que eran de su propiedad ha ido vendiendo las viviendas mientras no afrontaba el proyecto, con la dificultad que entraña ahora poner de acuerdo a más de dos propietarios para cualquier cuestión.

Esta situación ha sido solventada en parte por la Junta estos últimos años, mediante la adquisición de las 70 viviendas y un local de la séptima fase. Pero aún se enfrenta a “70 propietarios de viviendas construidas y fuera de ordenación, con la dificultad añadida de que sobre 17 viviendas hay constituidos derechos hipotecarios a favor de entidades bancarias lo que eleva el número de los titulares de derechos intervinientes”. Un escenario que la propia Junta considera “una situación muy compleja de propiedad del suelo”, hasta tal punto “que puede ocasionar la total imposibilidad de llevar a cabo la gestión urbanística diseñada por el Plan General”.

Como solución a todo esto, en gran medida, ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento la última variación respecto al plan del Cerro del Moro, con el objetivo de desbloquear de manera definitiva la construcción de las viviendas pendientes. En concreto, se ha aprobado la división de la unidad de ejecución que contemplaba el PGOU de 2012 en dos distintas para hacer más viable la operación.

“La división de la Unidad de Ejecución contenida en el PGOU de 2012 en dos unidades se ha planteado con el criterio de conseguir que una de las dos unidades, la que se desarrolla en primer lugar, tenga el máximo aprovechamiento para que permita la edificación de las 67 viviendas que se adjudicarán a los propietarios de la octava fase. De ese modo se ha dividido en dos unidades, la primera de las cuales concentra el aprovechamiento necesario para albergar las 67 viviendas que se precisan para el realojo de la octava fase y también la mayor parte de la urbanización; y una segunda unidad que soporta la edificabilidad restante y una menor carga de urbanización, quedando ésta reducida a la calle afectada por la reducción de la huella del edificio existente”, explica el informe técnico que ya cuenta con la aprobación del Ayuntamiento.

Por tanto, una vez se complete la tramitación necesaria para esta variación del PGOU, a lo que se suma una corrección de superficies y medidas constructivas que eran erróneas, la Junta de Andalucía tendrá, al fin, vía libre para ejecutar las obras de esa séptima fase que permitirá realojar a los vecinos de la octava, para posteriormente culminar una intervención aprobada en 1990 y que 32 años después sigue solventando obstáculos burocráticos y complicaciones administrativas.