El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha imputado a los ex delegados del Gobierno en la Zona Franca durante la etapa del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, a los empresarios americanos Germán y Carmen Leiva y a los ex directivos de la Zona Franca José David Sánchez y Rafael Ortiz, por supuestos delitos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y delito societarios, falsedad documental y delito de omisión del deber de perseguir delitos. Todos ellos relacionados con el caso Rilco, un portal informático desarrollado por la ZF en la última etapa de Rodríguez de Castro al frente de ella.

El auto judicial acuerda a la vez el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los representantes legales de las entidades Sainco y Telvent Interactiva, Adolfo Borrero y José Ignacio del Barrio, al considerar el juez que no existen indicios racionales de criminalidad contra ellos. Estas dos empresas se encargaron de la puesta en marcha y desarrollo del portal Rilco.

El documento del juzgado, al que ha tenido acceso Diario de Cádiz, es contundente. Desde la primera línea del auto, el juez hace un recorrido pormenorizado, claro y rotundo sobre la estrategia preparada por Rodríguez de Castro para incrementar su patrimonio ante su inminente salida, en el año 2000, de la dirección de la Zona Franca. Menciona también como concertó un acuerdo muy especial con el matrimonio Leiva y la anuencia respecto a sus acciones de varios directivos del Consorcio y, por último, como su sucesor, Miguel Osuna, al que deja a un lado en la supuesta malversación, sí pudo cometer un delito de omisión.

Este es el relato del caso Rilco según el auto judicial:

"Manuel Rodríguez de Castro, en fechas no determinadas pero a finales de 2000, consciente de las dificultades que tenía en la continuidad del ejercicio del cargo de Delegado del Consorcio de la Zona Franca, por existir cierta polémica pública por su gestión y guiado por ánimo de lucro, se concertó con el matrimonio Leiva con la finalidad de detraer para su beneficio particular fondos públicos". Relata el juez que para conseguir este objetivo utilizó Rilco, un portal de reciente desarrollo (nacido en 1998) que conectaba informáticamente diversas zonas francas iberoamericanas.

La entidad Rilco ya había contratado una previa maqueta del proyecto informático, (adjudicada y desarrollada por Sainco, que después se integró en Telvent, bajo el nombre de Proyecto FAN) con un coste de algo más de un millón de euros, "pese a lo cual, Manuel Rodríguez de Castro decidió sacar a concurso el 5 de diciembre de 2000 la creación y desarrollo de dicho portal con un pliego de condiciones absolutamente genérico, que coincidía en su mayoría con dicho proyecto FAN".

"Concertado con el señor Rodríguez -continúa el relato del instructor de la causa- el citado matrimonio creó para ello una sociedad ad hoc, Miami Free Zone Services, que no tenía experiencia previa alguna en la materia informática, y se presentó al concurso junto con empresas especializadas. Sorprendentemente el departamento técnico de Rilco, con fecha 27 de diciembre de 2000, informó favorablemente la adjudicación contractual a MFZ".

Resalta el auto que este informe fue elaborado por tres becarios contratados por Rilco que "no habían terminado sus estudios de ingeniería y que llevaban contratados en la misma no más de tres meses". Acrecenta el documento la sorpresa del autor del mismo al destacar que estos becarios "no habían oído nunca el nombre de la empresa sobre la que informaron de forma favorable", para lo que actuaron bajo la dirección de José David Sánchez, que era jefe del servicio de informática del Consorcio y que "orientó y dirigió el resultado del informe, que fue concertado de forma conjunta con Manuel Rodríguez de Castro, desechando otras ofertas de empresas que objetivamente cumplían con mejores requisitos".

Por si fuera poco, evidencia el auto judicial que la oferta de MFZ presentaba numerosas irregularidades, sin que se le reclamase solventarlas. Así, el 29 de diciembre de 2000, Rodríguez de Castro aprobó su concesión a la firma de los Leiva por un montante de 4,2 millones de euros, a pesar de que "estaba fuera de sus propias competencias como delegado la adjudicación directa de contratos por un montante de tal envergadura". El límite autorizado entonces era de 300.000 euros.

Y aún hay más: entre el 19 y el 23 de febrero de 2001, Rodríguez de Castro ordenó el pago de 1,4 millones de euros, "sin haberse ejecutado ninguna parte del contrato ni expedido certificación de recepción alguna". Sólo se autorizaba la posibilidad de un anticipo del 15% del precio del contrato, lo que suponía algo más de 600 mil euros.

Aunque el contrato original no se había comenzado a ejecutar aún, el 16 de enero de 2001 el delegado del Estado saca a concurso una ampliación del mismo, con un pliego igualmente elaborado por José David Sánchez (Rilco-2) que fue adjudicado a Telvent.

Aún sabiendo que su destitución era inminente, Rodríguez de Castro designó en febrero de 2001 como director general de Rilco "a su amigo personal Rafael Ortiz, persona que carecía de experiencia en el campo de las tecnologías". Indica el auto que durante el año y pocos meses en el que estuvo en este cargo "no ejecutó labor ejecutoria alguna". Sí, según el auto, "debió de mantener al tanto de lo que sucedía al señor Rodríguez. De facto (Rafael) Ortiz, guiado por ánimo de lucro, trató de controlar la ejecución y pago de los contratos de Rilco, y dimitió cuando el nuevo delegado (Miguel Osuna) restringió sus poderes y facultades". Se constata que "durante el año 2002 y siguientes actuó como apoderado de Rodríguez de Castro en otras entidades vinculadas al mismo".

En el pormenorizado relato que sobre Rilco elabora el juez instructor se llega ahora a la etapa como delegado del Estado en la Zona Franca de Miguel Osuna, que se inicia en marzo de 2001.

Se indica que el nuevo delegado, ante los retrasos en la ejecución del contrato por parte de MFZ, "decidió en un primer momento no abonar las cantidades comprometidas, reteniendo en una cuenta mancomunada el importe hasta asegurar la correcta ejecución del contrato, llegando a recibir información por personal de Rilco de que la empresa MFZ estaba aportando al portal informático un programa copiado de otro existente de forma libre en internet".

Osuna llegó en su momento a requerir a MFZ sobre el alcance de su ejecución y la existencia de subcontratación no autorizada. Pese "a las claras sospechas que le ofrecía" aceptó las explicaciones aportadas por Camila Leiva, abonando las cantidades comprometidas.

De todo lo investigado por la Justicia se desprende, según el auto, que por el proyecto Rilco se abonó un total de 6.767.135,33 euros, correspondiendo a MFZ la cantidad de 4.237.135,33 euros. El valor estimado del portal de internet efectivamente ejecutado se sitúa entre 4 y 5,3 millones de euros. De tal cantidad, la parte ejecutada por MFZ es del 10% del total, lo que supondría en el caso más elevado la cantidad de 530.000 euros. El relato de los hechos concluye constatando que José David Sánchez "pese a presentar algún informe al señor Osuna en el que se destaca la falta de ejecución de alguna parte del contrato adjudicado a MFZ, al final expedió las certificaciones de conformidad en la recepción del portal informativo, pese al estar al tanto de las irregularidades cometidas. El señor (David) Sánchez llegó a recibir cantidades por parte de empresas vinculadas a Rodríguez de Castro en el año 2003".