Un cuarto de siglo del proyecto de Ciudad de la Justicia en Cádiz. El perdón envenenado del consejero Nieto

Tres ubicaciones distintas. Tres proyectos, con sus infografías, su reparto de salas y de plantas y sus cifras económicas. Nueve consejeros, nueve. Y casi los mismos años que llevamos de siglo XXI. Ese es el balance de la gran mentira -hasta la fecha- de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Hasta tal punto es sonrojante el escenario que se viene dando en la ciudad, que el actual consejero de Justicia quiso iniciar su intervención en su última comparecencia en Cádiz, ante los distintos operadores jurídicos de la ciudad, pidiendo perdón “por la cantidad de incumplimientos y la devaluación de la política” que ha supuesto este proyecto.

El de Nieto era, claro, un perdón envenenado; el que le llevó a poner de relieve una cronología de anuncios, giros e incumplimientos… con el límite temporal que supone para el PP la llegada de Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta, como si desde enero de 2019 hasta la fecha se hubiera puesto alguna piedra en la Ciudad de la Justicia, que por ahora sigue en el mismo punto (papel arriba, anuncio abajo) que en toda la época socialista.

Recordó Nieto que el inicio del proyecto judicial gaditano se remonta al año 2001, cuando la Junta presentó (el 8 de mayo, precisó el consejero) el plan de Infraestructuras Judiciales “que suponía un hito de la Justicia de Andalucía” con 16 nuevos edificios de los que sólo se han hecho 3. Alarmante.

“En 2007, el 30 de marzo, en plena precampaña electoral”, se presentaba el Proyecto de Ciudad de la Justicia en Tolosa Latour. “La UTR Ayala-Carvajal se iba a encargar del proyecto, de 48 millones. 2010-2011 terminaría la obra”, traslaba Nieto en Cádiz, recordando que por aquel entonces “ni siquiera se había firmado la permuta del suelo con Diputación, que se hizo en octubre en 2008”. “Ese año 2008, la nueva consejera dijo que había problemas y que se había reprogramado el proyecto”, seguía enumerando el consejero, apuntando que en septiembre 2009 “se insiste en que empezará en diciembre de 2009”.

La siguiente fecha aportada es el 20 de abril de 2011, cuando el entonces consejero Jiménez Barrios retoma el proyecto, “que entonces será de colaboración público-privada”, apostillaba Nieto para reforzar la actual apuesta de la Junta. En aquel momento se hablaba de la existencia de un proyecto básico “que en la Junta no aparece”, asegura Nieto.

De ahí saltamos a 2014, “cuando otro consejero dijo de cambiar el proyecto”. Entonces se negociaba con Altadis para el suelo del recinto fiscal, hasta que se cambiara luego a los depósitos de tabaco “el 1 de febrero de 2017, por acuerdo de Susana Díaz y Kichi”. Acuerdo que quedaría ratificado el 10 noviembre de 2017, cuando la consejera anunció la licitación del proyecto “por la cantidad de 53.000 euros, que eso da para dos cuartos de baño”, espetó José Antonio Nieto. “Por eso pido disculpas. Ha habido muchas y muy variadas mentiras e incumplimientos”, añadía en este punto.

No acaba ahí la cosa, porque en marzo de 2018, “en elecciones”, la entonces consejera Rosa Aguilar “dice que va a haber una necesidad de que no se traslade Audiencia y Fiscalía”. “La razón era que la edificabilidad se limitaba al 50%, que se traduce en poco más de 20.000 metros cuadrados”, explicó. “Todo esto es lo que nos encontramos en la Consejería cuando llegamos en julio de 2022. Después de veintitantos años de retraso el proyecto era absolutamente insuficiente”, dice Nieto, explicando el trámite que inició entonces para aumentar la edificabilidad al 100%; un incremento “que hacía que costara el doble, pero es que era suicida hacer una Ciudad de la Justicia como la que estaba prevista entonces”. Y de ahí, julio de 2022, nueve consejeros después de ese plan ideado en 2001 y tres años después de tramitación urbanística, el estudio de viabilidad ya publicado en el Boja marca un nuevo hito en esta vergonzosa cronología que provocó el perdón (envenenado) del actual consejero de Justicia.