La conversión de locales comerciales en viviendas en Cádiz reúne el sí de PP y PSOE

Adelante se abstiene en la votación del Pleno municipal y los socialistas apoyan la modificación del PGOU, aunque llaman a vigilar para que la norma no incentive el cierre de comercios

Izquierda Unida invita a Bruno García a vivir en uno de los comercios convertido en vivienda

José Manuel Cossi, duranhte una de sus intervenciones en el Pleno de ayer.
José Manuel Cossi, duranhte una de sus intervenciones en el Pleno de ayer. / Julio González
J. A. L.

27 de febrero 2026 - 07:01

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz aprobó ayer la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad (PGOU) para permitir que algunos locales comerciales y oficinas puedan convertirse en viviendas. La medida, que afecta fundamentalmente a la zona del casco histórico, fue apoyada con el voto afirmativo del Partido Popular, que la propuso a través del equipo de gobierno, y del PSOE, que sin embargo pidió vigilar la norma para no debilitar el comercio local. El grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) mostró su desacuerdo con esta modificación puntual, pero optó por abstenerse en la votación final.

Fue José Manuel Cossi, teniente de alcalde Urbanismo, el encargado de defender el punto por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Cossi enmarcó esta nueva puerta a la construcción residencial en la ciudad en la necesidad de dotar a la ciudad de un mayor parque de viviendas: “Es una medida de impulso más ante la problemática de la vivienda en Cádiz”.

Cossi negó que de la transformación de estos locales en viviendas vayan a construirse infravivienda, pues recordó que la norma tiene unos requisitos mínimos que tienen que ver con el espacio, un mínimo de 32 metros cuadrados, las condiciones de habitabilidad, la altura, la luminosidad o que el acceso no se haga por la calle sino por la zona común del edificio.

Los cálculos de Urbanismo es que existen entre unos 120 y 130 comercios viables para transformarse en viviendas, en una medida que reduciría de 50 a 24, la mitad, el número de calles de carácter eminentemente comercial en la ciudad. La previsión es que en el casco histórico hay unos 30 edificios de oficinas y otros 12 en Puertatierra susceptibles de acogerse a esta transformación residencial.

El PSOE, a través de su concejal José Ramón Ortega, expresó el apoyo de su grupo al punto, al entender que es una medida de buena fe, aunque también mostró su preocupación por que la nueva norma sirva para incentivar el cierre de comercios ante la posibilidad de que se conviertan en viviendas, por lo que llamó a vigilar los futuros cambios para que la ciudad no asista a un masivo cierre de comercios.

Más crítico, desde luego, fue el grupo de AIG con la intervención del edil Demetrio Quirós. “Esto no va a favorecer el desarrollo de viviendas, sino de la especulación”, dijo el concejal al estimar que los beneficiarios serán los propietarios de locales que “podrán venderlos al precio que les venga en gana”.

Quirós también criticó las alegaciones que había recibido esta modificación del PGOU en su periodo de exposición pública -“Muchas eran del tipo qué hay de lo mío...”-, dijo durante su intervención el edil de AIG, quien también realizó una reflexión sobre la posible pérdida de identidad de los barrios gaditanos, una más, cuando se ponga en marcha la medida. Pese a todo, el grupo de AIG se abstuvo en la votación final de un punto que salió adelante con los votos afirmativos de los concejales populares y socialistas.

Unanimidad en la comisión de investigación sobre Kichi

El Pleno aprobó ayer por unanimidad la creación de una comisión de investigación propuesta por el grupo municipal del PP sobre el llamado ‘caso asesor fantasma’. A causa del mismo, el anterior alcalde y miembro de la lista a las municipales de 2023, José María González, dos concejales y dos asesores del entonces gobierno de Por Cádiz sí se Puede van a ser procesados por prevaricación administrativa y revelación de secretos, mientras que el asesor ‘fantasma’ lo será solo por el primer delito. El último auto dictado por el juez que instruye este caso que fue denunciado por CCOO, refleja que el contratado por el partido Por Cádiz sí se Puede entró en el Ayuntamiento “sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legitimas funciones de los funcionarios municipales” desde el área de Contratación, “donde daba indicaciones” sobre los expedientes, “que tenían que acatar”.

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