Ha pasado más de un cuarto de siglo del inicio de la rehabilitación del Cerro del Moro. Al otro lado de la vía del tren y con la losa de la exclusión social por el desempleo y las drogas, este barrio está más cerca de completar una intervención integral que se ha alargado demasiado. A finales de la próxima semana, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), y el Ayuntamiento de Cádiz van a firmar el convenio urbanístico que va a posibilitar el desarrollo de la séptima y la octava fase, que afecta a las calles Sor Cristina López García y Batalla del Callao.

Gracias a este acuerdo se acabará con la situación de realojo de los antiguos habitantes de Sor Cristina López García, cuyas viviendas se encuentran en estado de ruina, mientras que los de Batalla del Callao abandonarán sus actuales hogares, que no reúnen unas condiciones dignas.

Fruto de este convenio, que ya pasó por el trámite del Pleno municipal la pasada semana, la Junta se hará cargo de la construcción de las viviendas. Para ello, deberá realizar un proyecto de reparcelación y un estudio de detalle de la unidad de ejecución que permitirán la viabilidad de la actuación, así como la reurbanización del entorno. Por su parte, el Ayuntamiento tendrá que hacer la tramitación urbanística que permitirá el fin de la transformación del Cerro del Moro, además de quedar constatado que ya ha realizado su parte de las obras de urbanización.

Las dos administraciones han expresado su satisfacción por los resultados de las negociaciones que se han alargado durante años y que se han acelerado durante las últimas semanas. A preguntas de este medio, el delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta, Federico Fernández, afirmó sobre este acuerdo que “va a posibilitar, por fin, la promoción de nuevas viviendas públicas, una actuación que permitirá la demolición de los viejos edificios de la séptima fase, la construcción de viviendas de nueva planta y la reordenación de espacios en dicho ámbito”.

De esta manera, tal y como señaló el responsable de la Junta, la inversión prevista alcanzará los 9,5 millones de euros, de los que 6,9 millones de euros se dedicarán a las obras de construcción del nuevo edificio de viviendas y los 2,6 millones de euros restantes se destinarán a la adquisición de las viviendas de la afectadas por estas fases y a su demolición. Por ello, Fernández resaltó que este convenio “va a permitir a la Junta de Andalucía realizar una de las actuaciones más importantes de construcción de nueva vivienda pública de toda Andalucía”.

Con todo, recalcó que la actuación que se pondrá en marcha próximamente “no se trata de una actuación aislada”, sino que con ella “se culmina una intervención en el barrio que comenzó hace décadas y en la que la Junta ha invertido ya mucho esfuerzo y más de 20 millones de euros”.

Tras más de dos décadas de proceso, Fernández quiso poner de manifiesto que este convenio “podría haber sido realidad antes, pero hay que dejar claro que las alternativas que el PP planteó cuando estaba al frente del Ayuntamiento de Cádiz eran fórmulas muy difíciles de llevar a cabo”. Sin embargo, apuntó que “ahora, por fin, ha habido el entendimiento necesario con el convenio que se firma y la futura modificación del PGOU para poder dar una respuesta notablemente superior a las que se habían planteado antes”.

Por la parte municipal, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, apuntó sobre la premura con la que este asunto se llevó al Pleno del Ayuntamiento y la firma que se va a producir la próxima semana que “no podíamos dejar a expensas de unas elecciones andaluzas que este acuerdo se fuera al traste”, por lo que “gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía, tendrá como obligación continuar con la séptima y la octava fase”.

De hecho, uno de los beneficios que Vila ve en este convenio es que “la Junta de Andalucía se hace la competente para desarrollar la séptima y la octava fase porque, hasta ahora, el Plan General lo único que establecía era que esta unidad se desarrollaría mediante sistema de cooperación, por lo que serían las administraciones públicas las que lo ejecutasen, pero no estaba escrito que fuera la Junta quien lo fuera a desarrollar”.

Asimismo, del acuerdo entre administraciones explicó que lo que se ha conseguido es que “se pudieran alterar las previsiones contempladas en el Plan General sin que disminuyese el número de viviendas protegidas”, de manera que se cambian “las formas” para conseguir el objetivo propuesto en la unidad de ejecución.

Junto a lo ventajoso de que sea el Gobierno andaluz el que asuma la construcción de las nuevas viviendas públicas, el edil de Urbanismo dio relevancia a lo que va a suponer esta actuación, ya que “hay vecinos que necesitan volver a su barrio y otros necesitan dejar de vivir en condiciones que rozan la infravivienda”. “Es una intervención social de mejora de la calidad de vida y de la salud en un barrio tan necesitado como es el Cerro del Moro”, destacó.