El caso Quality Food parece eterno. Cuando parece que sufre un avance, vuelve a dar marcha atrás. Cuando parece que ha dado ya todas las piruetas posibles parece que siempre hay un nuevo salto mortal. Cuando se han presentado montañas de documentos, siempre hay uno nuevo que aportar que intenta darle más luz al asunto o embrollarlo un poco más.

La instrucción que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz está siendo muy complicada. Cuando ya parecía que todo avanzaba camino del juicio con Manuel García Gallardo como principal imputado y algunos de sus familiares, uno de los abogados del Estado presentó una ampliación de la querella inicial de hace varios años que incriminaba a Miguel Osuna, ex delegado del estado en la Zona Franca de Cádiz, precisamente la persona que puso las primeras denuncias contra García Gallardo.

A él se le unió el que entonces era su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani y, posteriormente, Ignacio Romaní, teniente de alcaldesa delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz y miembro del comité ejecutivo de la Zona Franca en el famoso consejo de administración que aprobó hacerse con la mayoría de las acciones de Quality Food el 23 de diciembre de 2003. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó con un auto esta imputación al dejar claro que no había ningún motivo para hacerlo.

Ahora entrará este informe que trata de hacer ver que Manuel García Gallardo gestionaba de manera irregular sus empresas y que pudo haber engañado a la Zona Franca, en contra de lo que sostiene la imputación a Osuna de que pudo haber una connivencia para causar un perjuicio a la institución pública.