200 años de vida eterna

Más de siete mil personas murieron, víctimas de la fiebre amarilla, a lo largo de 1800 en la ciudad de Cádiz. Cuatro años más tarde cayeron otras 2.900 por la misma enfermedad. El colapso de la ciudad, entonces constreñida a lo que hoy es su casco histórico, y las nuevas normas sanitarias que obligaban a disponer de 'cementerios ventilados', provocó la apertura a principios del siglo XIX del cementerio de San José, el primero como tal en la ciudad. Cuando se abrió, como casi todo en la capital, con un diseño diferente del que se había aprobado en un principio, el suelo elegido estaba muy alejado del núcleo de población. Sólo un pequeño barrio de villas de una única altura, en su mayoría habitada por pescadores, y una iglesia, San José, que daba servicio a la comunidad de extramuros.

El crecimiento natural de la ciudad tardará más de un siglo en 'amenazar' el propio mantenimiento del camposanto y la imposibilidad su propia ampliación. Liberada la ciudad de sus murallas y de las limitaciones en la construcción civil impuestas por el Ministerio de Guerra, no será hasta el inicio de la segunda mitad del siglo XX cuando los edificios residenciales comiencen a colmatar el espacio libre alrededor del cementerio de la ciudad y el gobierno local comience a plantearse la necesidad de buscar un nuevo espacio donde enterrar a los difuntos de la capital, aún cuando durante décadas, y aún hoy, se mantengan en pie las pequeñas viviendas de lo que se conoce popularmente, y erróneamente, como Los Chinchorros.

Antes, el cementerio había sido testigo de las desgracias del devenir de la ciudad. Allí se enterraron muchos héroes anónimos y no anónimos de la Guerra de Cuba, allí se enterraron muchas víctimas de la Guerra Civil y de las persecuciones posteriores a los perdedores, y allí descansan las más de cien víctimas que murieron tras la explosión de la Base de Defensa Submarinas la noche del 18 de agosto de 1947.

Será a mediados de la década de los cincuenta cuando el gobierno de José León de Carranza reflexione sobre la necesidad de buscar una nueva ubicación al camposanto. Es cierto que por aquella época eran contados los edificio de viviendas que se habían levantado en la zona, fundamentalmente de cara a la Avenida, pero ya se asumía que el lugar no era el más adecuado para un cementerio pues se coincidía en que era insano. La cercanía de la playa no era entonces causa para buscar otro lugar pues aún no se había urbanizado esta parte del paseo marítimo.

El Ayuntamiento descartó, a pesar del escaso suelo de la ciudad, sacar fuera de su término urbano al cementerio. Es cierto que en un primer momento se planteó Puerto Real, pero quedó descartado al considerar que los familiares y amigos del finado correspondientes no aceptarían un traslado por barco del féretro, pues entonces aún no estaba construido el puente Carranza.

Los ojos miraron entonces a Torregorda. El gran espacio entre Cortadura y el límite con San Fernando era una gran zona parcialmente abandonada, con varias instalaciones militares y alguna salina aún en servicio. Fue en la década de los sesenta cuando se diseñó la construcción de un cementerio junto a las dependencias militares de Torregorda. A pesar de ser una zona casi marina, que obligaba los entierros en cuarteladas y no en tierra, las gestiones municipales lograron los permisos correspondientes de los servicios de sanidad y del propio Gobierno. Sin embargo, la presión militar, que consideraba un peligro un equipamiento de este tipo a pie de un cuartel, paralizó de forma definitiva esta operación.

El penúltimo intentó se planteó ya durante el primer ayuntamiento democrático encabezado por el socialista Carlos Díaz. El Plan de Ordenación Urbana que elaboró su equipo, a principios de la década de los ochenta, pintó un cementerio... en el mar. La idea era una isla situada frente a los depósitos de agua que se levantan en el límite de Cortadura (donde el actual gobierno del PP quiso levantar los palafitos). El camposanto iba a estar rodeado por una muralla y conectado con la ciudad mediante un puente.

Evidentemente el proyecto no salió adelante, por lo que el problema de un cementerio ya colapsado, con cuarteladas de hasta siete alturas, persistía. Se intentó, primero, con Puerto Real, que rechazó aportar su suelo para este equipamiento. Finalmente a finales de la década de los ochenta se cerró un acuerdo con el Ayuntamiento de Chiclana para la construcción de un cementerio mancomunado. Con un diseño radicalmente diferente a los camposantos tradicionales, con grandes espacios abiertos, abrirá en 1992, a la vez que el pleno del Ayuntamiento de Cádiz declaraba el 22 de enero de 1992 la suspensión de enterramientos en el cementerio de San José.

A partir de ahí se abría un plazo de diez años para desalojar el cementerio. Una operación complicada pues, según los libros oficiales, descansaban en osarios, nichos y panteones 285.141 personas (cuyos nombres se recuerdan en la pirámide conmemorativa que en 2008 se levantó en el mancomunado). Muchas de ellas sin herederos localizados o que, simplemente, no tenían el menor interés por soltar dinero para el traslado de los restos de su familiar o familiares.

En todo caso, ni el Ayuntamiento socialista, que dejará el gobierno en 1995, ni el del PP que llegará a la ciudad ese mismo año, tendrán especial interés por agilizar este proceso. Unos y otros entendieron que este era un proceso muy delicado, muy sensible y que no se podía presionar a los ciudadanos.

La cuestión es que el desalojo terminó (quedan por trasladar medio centenar de panteones) y el proceso de demolición no se inició, aunque desde 2008 la empresa pública Cemabasa, que gestiona los camposantos mancomunados, maneja un proyecto para ejecutarlo. El Ayuntamiento de Cádiz ha justificado este retraso ante la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica y la existencia de restos enterrados bajo el suelo de fusilados tras la Guerra Civil.

Pero el problema va más allá. No solo se cuenta con estos enterramientos, que podrían ser unas centenares de personas. Según los documentos que maneja Cemabasa bajo el cemento y las cuarteladas de San José existen más de cien mil enterramientos, algunos con varios metros de profundidad, además de diversas fosas comunes. Recuperar todos estos restos y trasladarlos a Chiclana supone un proceso especialmente complicado, lento de ejecutar y costoso de sacar adelante, aunque muchos de ellos proceden de enterramientos con más de un siglo de antigüedad, sin que posibles familiares, si quedan, los hayan reclamado. Más allá de las imposiciones de la Memoria Histórica, que apenas si ha contado con media docena de peticiones de actuación en Cádiz, este es el gran problema que se va a encontrar el Ayuntamiento una vez proceda al derribo de las cuarteladas ya vacías. Será entonces cuando se inicie la segunda historia de un camposanto que no acaba de descansar.