Los abogados quieren un edificio nuevo

Los decanos de los letrados y de los procuradores piden que no se descarte el proyecto original y proponen también ubicarla en los terrenos del antiguo Gobierno civil

Recreación del proyecto de la Ciudad de la Justicia que hizo la Junta para los terrenos de la Institución, opción que ya ha descartado.
Recreación del proyecto de la Ciudad de la Justicia que hizo la Junta para los terrenos de la Institución, opción que ya ha descartado.
Melchor Mateo

Cádiz, 07 de febrero 2017 - 06:41

Que la Ciudad de la Justicia se va a ubicar en los edificios que formaban parte del complejo de los depósitos de Altadis es casi un hecho. Pero que eso no es lo que más guste a los operadores judiciales, como son los abogados y los procuradores, también lo es.

El decano del Colegio de Abogados, Pascual Valiente, tiene clara su preferencia y no es otra que la Ciudad de la Justicia se pueda construir en un edificio de nueva planta y no en unos que ya están construidos, "porque permite un diseño nuevo sin las limitaciones que supone la adaptación de edificios que fueron proyectados para otros usos".

Los colectivos reclaman a la Junta que se consulte a los operadores jurídicos

Por ello, Valiente cree que no se debe descartar el solar de la Institución, que era donde iba a ir el proyecto original, ni tampoco la opción de buscar otros espacios "dentro de la escasez de suelo de la ciudad".

En este sentido, el Colegio de Abogados introduce una nueva variable en el debate y es la posibilidad de ubicar la Ciudad de la Justicia en el solar del antiguo Gobierno Civil, "lo que implicaría el compromiso de otras instituciones", ya que estos terrenos son propiedad del Estado.

Hay que tener en cuenta que a los depósitos de Altadis pasarían todos los equipamientos judiciales menos la Audiencia Provincial, que permanecería en el mismo sitio. Pascual Valiente opina que si se llevara al antiguo Gobierno Civil los dos edificios estarían separados por apenas unos metros.

Sin embargo, la Junta ha decidido no hacer este equipamiento en su lugar original ante la imposibilidad de afrontarlo desde el punto de vista económico.

El decano de los abogados considera que la ubicación de la Ciudad de la Justicia no es cuestión de debate político, sino técnico "y aquí es donde resulta fundamental la opinión de los abogados, al igual que la de jueces, fiscales y procuradores, que somos los que trabajamos en todos los órdenes jurisdiccionales".

Y en este sentido tiene claro que la ubicación tiene que estar condicionada no sólo a una cuestión de localización sino que debe dar satisfacción a una serie de intereses, como por ejemplo que las sedes judiciales tienen que localizarse en aquellos lugares en los que existe una amplitud suficiente "no sólo para que estén unificados, sino diseñados y equipados con los medios necesarios para la mayor efectividad de la prestación de servicio público de administración de justicia".

Además considera que la sede debe contemplar espacios "para que los profesionales que allí trabajamos podamos desarrollar nuestra actividad en las mejores condiciones y para que los ciudadanos sean atendidos dignamente". Y por último está el tema de la localización, es decir, donde mejor atención se le preste a los usuarios por razón de proximidad o cercanía, facilidad de comunicación y aparcamiento.

No obstante, Pascual Valiente recuerda que tanto los abogados como los procuradores llevan más de 20 años reclamando la unificación de las sedes en un solo edificio "que reúna las condiciones adecuadas, sin que hasta la fecha se hayan llevado los proyectos anteriores", por lo que mostró su cautela hasta que no conozca el proyecto en profundidad.

El nuevo decano del Colegio de Procuradores, Óscar Alonso, coincidió en muchas de sus reivindicaciones con Pascual Valiente, incluyendo la de que la Ciudad de la Justicia se debe levantar en un edificio nuevo.

En lo que sí que incidió Alonso es que si bien no se ha contado con los operadores judiciales para definir la futura ubicación de este equipamiento, sí creen que deben hacerlo una vez que se vaya a diseñar los servicios y la división de la nueva sede.

Óscar Alonso, no obstante, considera que cualquier cambio que se vaya a producir va a mejorar lo que actualmente hay, aunque opina que quizás esta opción "no es que sea la menos mala, sino que es la más barata". De hecho, el colectivo al que quizás más le afecta la dispersión de las sedes judiciales es al de los procuradores.

El decano de los Graduados Sociales, José Blas Fernández, sí cree que dentro de las posibilidades que había, una vez descartada la Institución, era esta "porque cree que reúne varios de los requisitos como los accesos y contar con aparcamientos en la cercanía".

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