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Justicia

El TSJA reduce en cuatro meses la condena de cinco años por el caso de las 'tarjetas black' de la UCA

El ex vicerrector Francisco Antonio Macías durante la vista oral.

El ex vicerrector Francisco Antonio Macías durante la vista oral. / D.C.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado en cuatro meses la condena de cinco años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz al exvicerrector de la Universidad de Cádiz, Francisco Antonio Macías Domínguez, por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Así, el TSJA ha impuesto una condena de cuatro años y ocho meses de prisión. Asimismo, la indemnización que debe pagar a la UCA en concepto de responsabilidad civil queda reducida a 17.122,65 euros, manteniéndose las penas de inhabilitación para cargo público relacionado con la dirección y representación universitaria y con la administración de fondos públicos durante ocho años y dos días y el abono de una multa de 30.000 euros.

Cabe recordar que el acusado desvió dinero de las cuentas de la UCA en su propio beneficio entre 2007 y 2011, fechas en las que ocupó el puesto de vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VIDI).

En la sentencia, recogida por Europa Press, señala que el vicerrector con la finalidad de "enriquecimiento ilegítimo, destinar a su propio beneficio o mera liberalidad los fondos de la Universidad que administraba, engañar en la documentación administrativa justificativa de los gastos y evitar el control posterior, en el ejercicio de sus funciones y dentro del estricto ámbito de competencias que por el cargo concreto le estaban asignadas, fingió que determinadas facturas o ticket entregados se correspondían con gastos de su actividad como vicerrector e hizo introducir ese contenido falso en los 'Impresos de Motivación del Gasto' que después rubricaba".

Asimismo, indica que "las falsas imputaciones de gastos públicos como vicerrector en realidad eran gastos personales" y "se justificaron como consumos en restaurantes, transportes u otras disposiciones".

Tras ser considerado culpable por un jurado popular y condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial, el acusado presentó recurso ante el TSJA, que al estimarlo parcialmente ha rebajado la condena en cuatro meses, dejándola en cuatro años y ocho meses.

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