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Historias de Cádiz

Salvochea, fray Félix y la Custodia del Corpus

  • Pormenores de la venta en pública subasta de la joya del Corpus gaditano, de propiedad municipal, en 1873 l  Compra de 3.700 fusiles y 300 tercerolas a la casa Remington

Custodia donada por Miguel Calderón de la Barca

Custodia donada por Miguel Calderón de la Barca / Archivo

Durante la Primera República Española, el Ayuntamiento de Cádiz desarrolló una intensa política antirreligiosa. La corporación presidida por Fermín Salvochea comenzó su actuación con el derribo del convento de la Candelaria, ya relatado en estas mismas páginas (Diario de Cádiz, 10-04-2022), y siguió, entre otras medidas, con la supresión de la enseñanza católica en las escuelas y con la eliminación de todo símbolo religioso en las calles.

Una de estas medidas fue la venta de la custodia del Corpus en pública subasta. Una medida muy conocida, pero cuyos detalles merecen ser recordados.

El Ayuntamiento de Fermín Salvochea, al mismo tiempo que una política contra la Religión,  buscaba por todos los medios dotar de armas a los vecinos, a través de los llamados Voluntarios de la República. El día de la toma de posesión de ese Ayuntamiento republicano, 22 de marzo de 1873, el gobernador civil de la provincia, Faustino Moreno Portela,  comunicó a los presentes que “en breve tendrá el Municipio a su disposición no solamente las armas que tuvo el Cuerpo de Voluntarios y las que existen en el parque, sino también las quince mil carabinas Remington destinadas a los Voluntarios de la República”. Por su parte, la nueva Corporación, en la misma sesión constitutiva, aprobó un manifiesto dirigido a los gaditanos anunciando que “a los Voluntarios se les dará inmediatamente el armamento disponible, no olvidándose el Municipio de hacer gestiones para su aumento”.

En efecto, apenas un mes más tarde, el Ayuntamiento acordó la compra de 4.000  carabinas sistema Remington con sus correspondientes municiones por medio de un comisionado con autorización para marchar a Madrid y Londres.  El comisionado designado fue Agustín Rivera, a quién se le habilitó un crédito para los primeros gastos. Las calidad de las armas, según acordó el correspondiente pleno municipal, deberían ser aprobadas “por personas inteligentes del partido Republicano” y, en caso de duda, procedería enviar un ejemplar del arma a Cádiz para su examen y resolución.

Mientras el representante o comisionado del municipio negociaba con la casa Remington e hijos, quedó patente la falta de fondos en las arcas municipales. Fermín Salvochea había acordado la supresión de algunos impuestos, como los de Consumos, y el Ayuntamiento no disponía de dinero alguno para efectuar el pago a la casa norteamericana. Algunos concejales aportaron la idea de arrendar los servicios del Matadero, pero finalmente prosperó la idea de vender la custodia del Corpus, de propiedad municipal. 

El 30 de mayo, a las nueve y media de la noche, el pleno extraordinario del Ayuntamiento, como único punto del orden del día, acordó enajenar la custodia en pública subasta. Para ello nombró una comisión compuesta por los concejales Pacheco, Gutiérrez, García Gómez, Solórzano y Rendón para que recogieran las llaves del “local donde se encuentra depositada la custodia”, en clara alusión a la Catedral, y procedieran al examen y valoración de la misma.  Según las Actas Capitulares, dicha comisión debería “informar sobre su valor y proponer los términos y condiciones en que se ha de llevar a efecto la subasta pública”.

Por otra parte, el contrato para la venta de armas fue firmado el 6 de junio entre el representante de la casa Remington e hijos, Samuel Norris, y el comisionado del Ayuntamiento. Tres días más tarde, el pleno del Ayuntamiento aprobó oficialmente ese contrato, curiosamente sin la presencia de Fermín Salvochea, que se encontraba con licencia oficial de quince días para “tomar aguas medicinales en Chiclana”.

El mencionado contrato establecía la compra de 3.700 fusiles rayados Remington y 300 tercerolas (fusiles de menor tamaño), todos ellos con sus correspondientes bayonetas, destornilladores, limpiadores y cepillos. El precio de cada fusil sería de 3 libras esterlinas y 10 chelines y 2 libras y 16 chelines por cada tercerola, moneda de Londres, y la entrega de la mercancía se efectuaría en cajas de madera enviadas por la vía de Nueva York, Liverpool y Cádiz en barco de vapor, y no de vela, para mayor garantía y seguridad. 

  También serían suministrados al Ayuntamiento de Cádiz, un total de 250.000 cartuchos al precio de 6 libras y 10 chelines por cada mil cartuchos. En caso de alguna duda sobre la calidad técnica de las armas o munición, ésta sería resuelta según el criterio del Jefe del Departamento de Armamento de los Estados Unidos de América. 

Mientras se procedía a fabricar las armas en Estados Unidos, en Cádiz la venta de la custodia había provocado una reacción contraria en gran parte de la población, que seguía siendo mayoritariamente católica.  Fermín Salvochea contaba con la práctica unanimidad de los miembros de la Corporación, ya que a las elecciones municipales solamente habían acudido los partidos republicanos, pero la venta de un objeto tan querido por parte de muchos vecinos, como la custodia, y que formaba parte de sus tradiciones provocó numerosas y lógicas reacciones en contra.

En plena polémica, los concejales designados por el Ayuntamiento acudieron a la Catedral para ver la custodia, comprobar su estado y actuar en consecuencia. Pero esta comisión sufrió pronto un fuerte desengaño. Los canónigos hicieron ver a estos concejales que lo más valioso de la custodia, el cogollo de plata sobredorada y el viril donde procesiona el Santísimo no pertenecían a la custodia propiamente dicha, sino que eran una donación a la Iglesia realizada por don Miguel Calderón de la Barca y su esposa doña Ana de Pividal. En efecto, en la base de dicha joya aparece la siguiente inscripción. “Don Miguel Calderón de la Barca, del Consejo de S.M.G.D. en el Real de Indias, natural de la villa de Conil, y su esposa D. Ana de Pibidal, natural de la ciudad de Cádiz, dieron esta custodia a la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz. Año de 1721”. 

Se trataba de la custodia conocida como la del “millón”.  La profesora Leticia García de Ceca, en su tesis sobre el ministro togado del Consejo de Indias, Miguel Calderón de la Barca, señala que fue entregada a la Catedral de Cádiz en 1721 por sus albaceas testamentarios y que al llegar a nuestra ciudad fue llevada a las diferentes parroquias para que pudiera ser admirada de cerca por todos los gaditanos. Tal vez por ello fue apodada “del millón”, por el gran número de joyas que lleva, aunque en realidad no pasan de las diez mil.

Con esa importante rebaja en sus pretensiones, los concejales acudieron al Ayuntamiento presentando sus conclusiones y propuesta en la sesión celebrada el 19 de junio de ese año de 1873 y que tampoco fue presidida por Salvochea, que seguía en Chiclana.  Según las Actas Capitulares correspondientes, estos ediles mostraron expresamente su decepción al no poder contar con el magnífico cogollo y viril, ya que “los ciudadanos representantes del cabildo eclesiástico señalaron que no formaba parte de la custodia”,

A pesar de ello, los concejales informaron al pleno municipal que la custodia era una obra de indudable mérito y valor y que se encontraba en perfectas condiciones. Para su venta en subasta pública estimaron que el precio de salida debía ser de 70.000 escudos al alza.  

En el debate posterior, algunos concejales, para el caso de que no se recibiera ninguna oferta,  propusieron que se fundiera la custodia y  la venta de la plata resultante. Sin embargo, a propuesta del concejal Pacheco, el pleno municipal aprobó finalmente que se llevaran a cabo sucesivas subastas bajando el precio de salida si no se presentaba  postor alguno. Finalmente y, en último caso, se procedería la fundición y venta del producto resultante.

Contra la venta de la custodia elevó su voz, desde Jimena, el obispo de la diócesis, fray Félix Arriete, enviando una documentada carta al Ayuntamiento. Fray Félix llevaba largo tiempo fuera de la ciudad llevando a cabo una misión pastoral en la zona de Algeciras, por lo que la respuesta de la Iglesia gaditana a las primeras medidas antirreligiosas de Salvochea habían sido  realizadas por el gobernador eclesiástico de la diócesis, el prestigioso canónigo Fernando Hüe. Sin embargo,  la venta de la custodia hizo que el obispo, desde Jimena donde se encontraba, enviara su autorizada protesta.

La carta de fray Félix señalaba a la Corporación presidida por Salvochea que bastaría consultar las Actas Capitulares de 1664, año en que se terminó  la Custodia, para comprobar textualmente que “la voluntad de la ciudad es que la Custodia esté y permanezca en la Santa Iglesia Catedral de ella, título y vocación de la Santa Cruz para siempre jamás”. Recordaba también fray Félix que la donación de Custodia estaba tan unida  con la Catedral de Cádiz que “si por orden de la Santa Sede, del Rey de España o sus sucesores, o por cualquier otra causa y motivo la diócesis y la Catedral cambiaran a otro lugar, la custodia debía permanecer en la hoy Catedral de Cádiz”.

Además de señalar otras razones jurídicas y morales, el fraile capuchino obispo de Cádiz, nacido en la calle San Miguel y muy querido por todos los gaditanos, añadía su dolor el “llegar a ver a la Custodia en un Museo extranjero” y  que “no sería glorioso para una ciudad culta como Cádiz desprenderse de la Custodia, una joya artística que nacionales y extranjeros admiran”. 

La carta terminaba pidiendo al municipio “revisar su acuerdo y reformarlo al punto de que no se llegue a realizar una resolución que no me es posible como prelado de la Iglesia de Cádiz aprobar ni consentir sin faltar a los derechos divino, natural, eclesiástico y civil, y sin renunciar a la vez al amor patrio que me identifica con las glorias y monumentos sagrados y artísticos de esta ciudad”.

La protesta por escrito del obispo fray Félix, como las anteriores del canónigo Fernando Hüe, ni siquiera fue contestada por la Corporación presidida por Fermín Salvochea, que siguió adelante con sus planes. Según José Rosetty, cronista de la ciudad, nadie acudió a la subasta de la custodia, por lo que el Ayuntamiento acordó una rebaja del 10 por ciento en el precio de salida y que fuera trasladada a las Casas Consistoriales para que pudiera ser observada de cerca por los posibles compradores.

Lo cierto es que el libro de Actas Capitulares queda interrumpido con la sesión municipal celebrada el 5 de julio de 1873, en la que acuerda el Ayuntamiento otra medida contra la Iglesia gaditana como la de  incautarse de la iglesia de San Pablo y de todos los objetos que hubiera  en ella y destinar el edificio a “Ateneo que lleve el nombre del mártir de la República Rafael Guillén Martínez”. 

De las demás sesiones celebradas por el Ayuntamiento republicano no quedó  constancia alguna en el libro de Actas Capitulares, seguramente por la precipitación de los acontecimientos. El 14 de julio, Cartagena declaró el cantón independiente y muchos pueblos y ciudades siguieron sus pasos. El 19 de julio lo hizo Cádiz y apenas quince días más tarde llegaban las tropas del Gobierno de la República al mando del general Pavía para dar fin a esa situación.

Los fusiles Remington nunca llegaron a manos de los Voluntarios de la República y la custodia nunca llegó a ser vendida.

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