La Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía ha requerido a la Clínica San Rafael, hospital concertado por el Sistema Andaluz de Salud (SAS), un informe acerca de la denuncia realizada por el comité de empresa de dicho centro a raíz de la sanción a varias enfermeras por negarse a llevar falda. Salud dio ayer a conocer que dicho requerimiento se hizo la semana pasada con el fin de valorar la situación una vez que se conozca toda la información. La Delegación recuerda sin embargo que el concierto con las empresas Pascual se limita a lo asistencial.

Por su parte, las enfermeras y auxiliares de la Clínica San Rafael señalaron ayer que tienen prevista una concentración el próximo 2 de abril ante el centro sanitario. Además, ya que San Rafael está concertada por el SAS, pretenden dirigirse a la Delegación Provincial y la Consejería de Salud para abordar el tema. Una vez agotadas estas vías, si no hay resultados, aseguran que denunciarían a la empresa ante los tribunales.

Toda la polémica surgió porque se ven obligadas a llevar falda en lugar de poder optar por usar pantalones, como ya publicó Diario de Cádiz el pasado miércoles. Según las enfermeras, a aquellas que han optado por usar el pijama habitual como el resto de compañeros varones en lugar de falda, unas diez en total, se les ha descontado del salario el plus de asistencia, lo que supone una reducción media de 30 euros mensuales.

Las enfermeras, según señaló la presidenta del comité de empresa de la Clínica San Rafael, Adela Sastre, consideran "sexista" el hecho de tener que usar falda en lugar de pantalón. También creen que la cuestión vulnera en este caso la Ley de Igualdad, así como la normativa en prevención de riesgos laborales. Además Sastre afirmó ayer que es un tema sobre el que se ha consultado a la empresa en varias ocasiones con anterioridad para definir el tema del uniforme, pues aseguran que "el actual convenio no dice nada sobre cuál es el uniforme reglamentario, con lo que ni siquiera estamos incumpliendo nada usando pantalón".

Por su parte también ayer Izquierda Unida se pronunció ayer al respecto. Ignacio García, parlamentario andaluz, anunció que llevará la cuestión al Parlamento para que la Consejería de Salud y la de Bienestar Social intervengan "ante la actitud de la empresa", que consideró como "una discriminación intolerable".

Precisamente también ayer realizó unas declaraciones sobre el tema la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, que señaló que "este asunto es algo inconcebible en el siglo XXI".

Por su parte, la empresa Pascual, propietaria en la provincia de esta clínica concertada así como del Hospital Santa María del Puerto de El Puerto de Santa María, el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar y el Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín, quiso dejar claro que se trata de una norma interna que viene estipulada desde hace 30 años y que, por tanto, su incumplimiento conlleva una sanción.