Hablar de vivienda es difícil en una época en la que los desahucios y los jóvenes con hipotecas para toda una vida están en primera línea. Así, las viviendas municipales se convierten en la única salida para un gran número de personas, y cada vez más. Pero vivienda municipal no tiene que ser sinónimo de "infravivienda por poco que paguemos", tal como considera Encarnación Cárdenas, persona a la que le entregaron una, en la calle Alfonso Aramburu, en el año 1998. Esta mujer de más de 80 años habita en la casa junto a su hija Josefa, ya que necesita atención continua. 

Desde el momento de la entrega,  la vivienda ya presentaba una serie de problemas. El principal, la arqueta general de la vecindad se encuentra en el comedor, por lo que cada vez que se producen atascos hay que levantar el suelo de la casa. Además, en el cuarto de baño existe otra tubería general que presenta los mismos problemas. Con atascos la casa se inunda de agua negra, desprendiendo un olor "extremadamente insoportable". Como consecuencia, las paredes están agrietadas y empiezan a caerse por la humedad; los muebles, a su vez, se encuentran deteriorados, con la consecuente pérdida de ropa y otros objetos. "Hemos tenido que acudir varias veces al centro de salud porque no podemos vivir con la humedad que hay", comenta Josefa Carballo, hija de Encarnación. Sumado a los atascos, los insectos aparecen con cierta frecuencia, obligando a fumigar. Todos estos problemas convierten a la vivienda en un lugar inhabitable para cualquier persona. 

Al entrar en la casa, la familia no tenía constancia de que los anteriores inquilinos ya sufrieron los mismos problemas, hecho que el Patronato sabía y aún así la concedió.

Desde el año 2000, esta familia reclama un cambio de residencia. Cada vez que piden una solución, los técnicos del Patronato acuden y solventan las averías temporalmente, pero no solucionan el problema de raíz. Según Procasa, a esta familia ya se le ofreció un cambio de vivienda, pero se negaron debido, según el propio Patronato, a que solicitaban el cambio a una casa con las mimas prestaciones. Así, Josefa considera que no se lo comunicaron oficialmente, y sólo le ofrecieron la casa a su madre, a lo que tuvo que negarse porque necesitaba atención continua. 

Al parecer, el Patronato vendió todas las viviendas del bloque salvo los dos bajos que presentan los problemas. Esto se traduce en que para acometer cualquier reforma que afecte al edificio es necesario el acuerdo de la comunidad del bloque, y no sólo del Patronato, por lo que se quita responsabilidades. 

La Ley de Alquileres indica que el inquilino tiene dos opciones ante el hecho de que una vivienda no sea habitable: resolver el contrato o suspenderlo e instalarse en una nueva vivienda hasta que sea reformada por el propietario; pero para ello la familia no tiene recursos. 

Ante este hecho, Pablo Román, concejal delegado de Vivienda y Rehabilitación, a través de Procasa, promete que se va a ofrecer una vivienda a esta familia donde realojarse mientras se solventa el problema y se le exige a la comunidad acometer la reforma. Sin embargo, Josefa expone que no quiere vivir en la misma vivienda reformada, sino que "nos merecemos habitar en un lugar digno, donde no hemos estado en estos catorce años".