La Policía Nacional ha finalizado una investigación bautizada como 'Operación Led' en la que han resultado imputados dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz y tres responsables de sociedades mercantiles por amañar supuestamente el concurso de contratación del alumbrado público y estafar en torno a un millón de euros de las arcas municipales, según fuentes policiales.

Los funcionarios implicados son Germán Molina, el que fuera director gerente de la Delegación de Tráfico y Alumbrado Público del Ayuntamiento, y el entonces jefe de compras del Consistorio, F.M.P. De otra parte, las empresas que el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (DECO) en Cádiz ha investigado por constituir un supuesto monopolio encubierto son Electromur, Monelec y Etralux, todas ellas pertenecientes actualmente al grupo ACS que preside Florentino Pérez. 

Además de los dos funcionarios públicos y de los tres trabajadores -con diferentes cargos sociales-, hay un sexto imputado, que no es otro que el propio denunciante de los hechos, la persona que llevó a Fiscalía la demanda por irregularidades en la contratación del alumbrado público en la capital gaditana. Hablamos de Juan López Gallardo, antiguo gerente de la empresa de alumbrado Imesapi.

Dicha denuncia, cursada en 2009 por el ex directivo de Imesapi, fue el detonante de este caso. El empleado, cesado de sus funciones, llevó ante la Fiscalía Provincial de Cádiz su escrito de acusación acompañado de cinco grabaciones en las que se recogían supuestamente cómo empresarios y representantes públicos alteraban los baremos de asignación de las puntuaciones del concurso de contratación del alumbrado público, convocado el 15 de octubre de 2008. 

De esta forma, salieron favorecidas las mercantiles Monelec y Electromur, las empresas que venían prestando este servicio años atrás para el Ayuntamiento, en perjuicio de la sociedad Indra, S.A., la mejor ofertante.

La Policía ha considerado que, si bien López Gallardo puso en conocimiento de la Justicia estas supuestas ilegalidades, lo hizo en el año 2009 y no antes (teniendo, sin embargo, constancia previa de ello), por lo que su comportamiento se aleja del de un "ciudadano ejemplar".

A la querella del ex trabajador se unió también la denuncia formulada por los concejales Marta Meléndez (PSOE) y Sebastián Terrada (IU) en la Mesa de Contratación, recurriendo la concesión a Monelec en detrimento de Indra. Esta acusación, no obstante, nunca se formalizó en los juzgados.

Aún así, el titular de Instrucción número 2 de Cádiz, el magistrado Miguel Ángel López Marchena, encomendó en julio de 2011 la investigación a la Policía Nacional, cuyos primeros informes preliminares determinaron indicios delictivos en las actuaciones de los implicados. En octubre de 2014 el juzgado ordenó la continuidad de la investigación, haciéndose cargo de la misma el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (DECO) de la Comisaría Provincial de Cádiz. 

De ahí que se desarrollaran gestiones tendentes a determinar si se alteraron de manera intencionada los baremos de asignación de las puntuaciones otorgadas en el concurso, con el consiguiente perjuicio para la empresa que debiera haber sido legalmente la adjudicataria, y para el propio Consistorio, al haberse contratado servicios por unos precios superiores a los que resultarían de aplicar la regla original, así como si se hubiesen cometido periféricamente otros delitos penales conexos con los hechos denunciados. 

En el curso de la investigación, el grupo DECO solicitó sendos mandamientos judiciales para recabar la extensa documentación que obraba en el Ayuntamiento de Cádiz relacionada con los hechos. 

Así, tras un análisis exhaustivo y pormenorizado de aproximadamente un año, ha culminado recientemente la investigación policial, denominada 'Operación Led', con la imputación de seis personas (dos funcionarios públicos, tres responsables de sociedades mercantiles y el ex trabajador denunciante) como supuestos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental. 

El trabajo policial ha revelado además que se produjeron "conciertos de intereses" entre las personas vinculadas a la contratación de los servicios y el por aquel entonces director del Departamento de Tráfico y Alumbrado Público y Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, Germán Molina. Y es que fuentes de la Policía Nacional han llegado a hablar de un monopolio encubierto en el que representantes públicos y empresarios "cocinaban" su particular "pastel" en reuniones privadas en las que se repartían adjudicaciones de gran calado del Ayuntamiento gaditano.  

De esta forma, según ha detallado la Policía, se conseguía que finalmente resultase adjudicataria la empresa pactada para la realización de obras y servicios con la licitación económica previamente acordada. Para ello se falsearon facturas y se manipularon contabilidades entre las sociedades imputadas para justificar servicios ficticios que nunca llegaron a ser ejecutados.

Se da el caso además de que muchas de las entidades implicadas en este caso tenían abiertos procesos sancionadores, expedientes que fueron omitidos para que pudieran optar al concurso de licitación cuando legalmente no podían hacerlo.

Germán Molina se jubiló en 2014. La Policía va a continuar investigando las acciones que se llevaron a cabo desde el Departamento de Alumbrado que dirigió este funcionario hasta ese año para averiguar si se incurrieron o no en otro tipo de delitos. Lo cierto es que no se descartan nuevas imputaciones, que se atisban "muy posibles".

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal, encargado de este caso, ha participado en otros asuntos de gran repercusión como la 'Operación Edu', que investiga los cursos de formación de la Junta en colaboración con la UDEF central; la 'Operación Oscar', con la detención de Ángel Ojeda en Sanlúcar; el caso Matadero o el presunto fraude fiscal en el circuito de Jerez.