La Plataforma por una Vivienda Digna exige acciones al Consistorio

La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y contra la Exclusión valora de forma positiva la providencia emitida por el Juzgado de Instrucción nº2 de la ciudad que cuestiona la forma de actuar del Consistorio ante las necesidades habitacionales.

Las noticias recogidas en Diario de Cádiz estos días a raíz del intento de desalojo por parte del Ayuntamiento de Milagros Arzúa, que ocupa una vivienda municipal que se encontraba vacía en la Calle Marinero en Tierra, corroboran lo que desde varias organizaciones y colectivos se está denunciando desde hace tiempo: que pese a que haya personas sin solución habitacional existen viviendas vacías en la ciudad de titularidad municipal.

La resolución emitida, que da respuesta a la petición de desalojo preventivo dentro de la instrucción penal iniciada por denuncia de Procasa, pone en entredicho la forma de actuar del Ayuntamiento. El magistrado cuestiona que trate de desalojar a la ocupante sin acreditar que existen otras personas con mejor derecho para ocupar el inmueble, es decir, sin acreditar que va a darle a la vivienda pública la función social que debe de tener.

Asímismo, la providencia ahonda en que no se ofrezca ninguna solución a la familia, ratificando una de las exigencias de esta Plataforma: la necesaria implicación de las administraciones públicas para dar respuesta a las necesidades de la gente que está soportando las consecuencias de la crisis.

En las mismas informaciones se señala que el Consistorio ha enajenado en los últimos años un total de 130 viviendas de carácter social, siendo esto para la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y contra la Exclusión una auténtica atrocidad, pues bien es manifiesto que las necesidades habitacionales en la ciudad no hacen más que aumentar, siendo prueba de ello que el Registro de Demandantes de Vivienda Pública se encuentra colapsado.

Además, la Plataforma rechaza que se utilice la vía penal del tipo de la usurpación, para acometer "desahucios sociales". Utilizar la vía penal como la "más rápida" demuestra la falta de sensibilidad y lo que es peor aún, la intencionalidad de criminalizar la pobreza, de convertir en culpables a quienes no son más que víctimas.

Cada vez son más las familias gaditanas que presentan serias dificultades por falta de recursos económicos para tener resueltas sus necesidades habitacionales, tanto de techo como de suministros.

Ante esta situación desde la Plataforma se exige a las administraciones y en este caso al Ayuntamiento, a través de Asuntos Sociales y de las empresas públicas de vivienda, de electricidad y de agua, que actúe de forma decidida para cumplir con sus obligaciones y hacer efectivo el derecho a la vivienda digna.

Recordamos que Milagros Arzúa, una joven gaditana de 27 años, ocupó una vivienda en la calle Marinero en Tierra de Cádiz, donde vive desde hace año y medio con sus tres hijos menores de edad.