Más de 80 fincas, según suma el Partido Popular, fueron expropiadas en Cádiz durante los años de gobierno de Teófila Martínez, que culminaron en 2015. Y desde entonces, esa práctica recogida en la normativa urbanística y que se considera de vital importancia para mejorar la situación de la vivienda en la ciudad no se ha vuelto a aplicar. Por eso, el PP pone el acento en este ‘olvido’ que suma más de siete años y que los populares reclamarán en el pleno de este viernes.

Defiende el grupo municipal que lidera Juancho Ortiz que la expropiación de aquellas fincas que incumplen las condiciones de seguridad y de ornato es una herramienta que permitió hasta 2015 incrementar notablemente el parque de viviendas públicas, ya que finca expropiada pasaba a manos de Procasa o de la Junta de Andalucía para ser rehabilitada y puestas las viviendas en manos de los gaditanos demandantes. Por eso, denuncia “la inacción en este campo de la vigilancia del deber de conservación que, años atrás, posibilitó la expropiación de fincas que a medio plazo proveían de capacidad de construcción y rehabilitación a este Ayuntamiento”.

De hecho, apunta el PP a que en los siete años de gobierno de José María González “el Ayuntamiento solo ha entregado 35 viviendas, mientras que el número de gaditanos que han salido de ese registro de demandantes en el que se recogía la aspiración de encontrar una vivienda protegida por parte de los gaditanos, ha sido, según informó el equipo de gobierno, de 2.680”. “Esa discordancia solo puede traducirse en la falta de expectativas que tienen los ciudadanos en encontrar una vivienda pública de cualquier tipo”, lamentan los populares.

A este dato añade el PP una ausencia de apuesta por la construcción de viviendas con recursos propios del Ayuntamiento. “Se ha hecho depender esa política de vivienda municipal de la llegada de fondos de recuperación de otras administraciones, primero por la ayuda de la Junta de Andalucía en las pocas promociones que este Ayuntamiento viene anunciando desde hace ya cuatro años, a la que se suma ahora la ayuda europea, lo que evidencia que este Ayuntamiento no está haciendo, a pulmón, como dice el alcalde, absolutamente nada”, aseguran.

Por ello, reclama el grupo popular “que se ejecute lo establecido en las ordenanzas municipales sobre el deber de conservación y adecentamiento de fincas y solares y el procedimiento de expropiación como mecanismo de actuación coercitiva municipal, y como vía de expropiación de fincas que pasen a formar parte de la ahora inexistente política de actuación en vivienda pública de este Ayuntamiento”. A lo que suman también que se recopilen los acuerdos adoptados en materia de vivienda en los últimos siete año “y se haga seguimiento de los mismos para valorar su grado de ejecución y la adopción de medidas necesarias para llevarlos a cabo de una manera definitiva”.