"He mirado hasta la última peseta por el Consorcio. He sido demasiado celoso por sus fondos porque pienso que el dinero público es de todos pese a los que creen que es de nadie. Precisamente por ese excesivo celo, me temía que Manuel García Gallardo me podría poner una querella".

El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz entre los años 2001 y 2004, Miguel Osuna, ha protagonizado en la Audiencia Provincial la segunda jornada del juicio de Quality Food, la empresa alimenticia de platos preparados que fundara Manuel García Gallardo, que declaró ya el primer día, y que posteriormente fue adquirida de manera mayoritaria por la Zona Franca en diciembre de 2003, a partir de lo cual llegaron los desencuentros entre el fundador y los gestores de la Zona Franca.

Osuna, que se enfrenta a una petición de pena de prisión de diez años por, entre otros, un delito de malversación de caudales públicos, ha pintado una situación de la empresa que distaba de la potencia que retrató un día antes García Gallardo. En este sentido, ha relatado que a finales del año 2003, cuando volvió de Argentina, recibió una llamada del empresario isleño en el que le explicaba que había problemas de tesorería en la empresa y que "si no se le inyectaba dinero, podría entrar en suspensión de pagos". Osuna ha reconocido que en ese momento se sorprendió por esa situación y por ello entró en contacto con el Ministerio de Hacienda y con el Ayuntamiento de Cádiz, que son los dos principales instituciones representadas en la institución, así como algunos de los principales clientes públicos porque, según su versión, lo que quiere es que salga adelante la empresa. Osuna, tal y como ha declarado ante el tribunal de la Sección Tercera, todo el mundo se comprometió a apoyar la continuidad del Grupo Quality.

También le pregunta a uno de los abogados del Estado presentes en la Zona Franca, Manuel Ponce, cuáles serían las consecuencias para los trabajadores de que una empresa como Quality Food entrara en suspensión de pagos.

Hasta ese momento la relación entre Miguel Osuna y Manuel García Gallardo era buena, aunque el entonces delegado de la Zona Franca ya había recibido algunas señales de que empezaba a haber problemas en la empresa alimenticia pero ninguna como cuando recibe la llamada de que Quality Food puede entrar en suspensión de pagos. La inyección de dinero la había cuantificado el fundador del grupo en 1,5 millones de euros.

La filosofía que se sigue, como él mismo dice, es que "si yo pongo el dinero, yo soy el que debo tomar las decisiones", por lo que se decide en el comité ejecutivo de la Zona Franca tomar el control de la compañía para que la Zona Franca, a través de su sociedad instrumental Sogebaq, tuviera el 52% de las acciones.

Una de las propuestas que puso encima de la mesa el abogado del Estado fue el de la pignoración de unas acciones, pero Osuna cree que "si no sabemos lo que ha pasado y por qué se ha llegado a ello", esa medida no es la adecuada.

Una de las perlas que soltó Osuna es que los representantes del Ayuntamiento en el comité ejecutivo son los que dicen que hay que tomar el control de la compañía. En la declaración de este miércoles se han relatado las distintas opciones que se estuvieron barajando y que fueron propuestas, según Osuna y lo que se refleja en las actas, por el abogado del Estado. Al final se decide que con ese dinero que se va a poner, la Zona Franca obtiene el 52%, el control de las decisiones y se establecen una serie de salvaguardas en el caso de que o bien la Zona Franca, o bien la familia García Gallardo, decidieran hacerse con el total de las compañías. Aquí es donde surgen las valoraciones con dos auditorías independientes.

Uno de los hilos del discurso que tuvo Miguel Osuna y que también repitió en el otro caso que fue juzgado en la Audiencia Provincial y del que salió absuelto, el de Rilco, es que actuó en todo momento siguiendo los consejos de los abogados del Estado que estaban presentes en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz. Precisamente este último es el que redacta un informe varios años después de iniciarse la instrucción con nuevas pruebas que había obtenido y que acaba con la imputación de Osuna que le ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados.

Osuna también ha hecho hincapié en el caso que llegó al Mercantil y en el que el ex delegado ni siquiera puso declarar como testigo. Esta acabó con un resultado muy negativo para la Zona Franca ya que tras las valoraciones que se hizo, el Consorcio tenía que pagar con 13 millones de euros a García Gallardo, que con los intereses puede estar ya por los 20 millones. Del resultado de lo Penal, se podrá ejecutar o no la sentencia. Osuna entiende que si él hubiera testificado "es posible que hubiera habido otro resultado". Aquí el ex delegado también ha sido muy crítico con los abogados del Estado, ya que afirma que ni siquiera presentaron recurso en el Tribunal Supremo contra esta sentencia.

Otro de los temas que ha salido a la palestra ha sido el plan de negocios y de crecimiento que hizo Deloitte para Quality Food. Según el mismo, sólo se había cumplido el un 36% según la facturación del año, por lo que se decidió seguir el mismo pero basándose en ese porcentaje.

Por último, recordó que el Tribunal de Cuentas abrió un proceso a instancias de la Abogacía del Estado por el que se le pidió 30 millones de euros por responsabilidad contable. Al final, recuerda, salió absuelto y sólo tuvo que asistir por el caso Rilco.

En la jornada del jueves declarará el último de los acusados, José Manuel Fedriani, que era jefe de gabinete de Miguel Osuna en la Zona Franca y para el que se pide también diez años de prisión.