Oposición contra PP: el 'pues anda que tú' de las competencias

Es habitual que en los debates sobre vivienda, asuntos sociales o empleo en el pleno municipal gaditano se acabe entrando en disputas por las competencias de las administraciones o en alusiones del grupo popular, principalmente por demandas del PSOE, al 'desamparo' que sufre la ciudad por culpa de la Junta de Andalucía. Ocurrió ayer en varias ocasiones con estas tres temáticas. Por ejemplo, al proponer el PSOE que el equipo de gobierno elabore "urgentemente" un Plan Municipal de Vivienda y Suelo y firme un convenio marco una vez aprobado el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Después de que el PP realizara su enmienda, detacando que accedería a la petición "una vez la Junta atienda a las alegaciones del Ayuntamiento al Plan Marco", el portavoz socialista, Francisco González, recordó que 4.000 gaditanos esperan una vivienda de protección oficial y que el Consistorio "debe esclarecer y dar criterios objetivos para articular y organizar necesidades y esfuerzos, y priorizar en materia de asuntos sociales. No reconoce su incapacidad en el sistema de caridad y beneficiencia, no tiene criterios objetivos ni transparencia para ayudar a los ciudadanos".

La respuesta popular llegó por boca de Ignacio Romaní, que afirmó que el Ayuntamiento ha pedido ayuda a la Junta "desde hace años para un convenio de vivienda", y sobre todo de la alcaldesa, Teófila Martínez, quien resaltó que según el PGOU "sólo podremos hacer 3.500 viviendas en ocho años porque no hay suelo. De ellas, la Ley dice que basta con que el 30 por ciento sea de protección oficial, pero vamos a hacer el 60 por ciento". Y preguntó al PSOE: "¿Por qué engañáis a los ciudadanos queriendo hacer una lista de 4.000 personas si la ratio de suelo que nos permite la Junta es de 3.500 viviendas?".

Los desahucios, colindantes entre la vivienda y los asuntos sociales, fue otro tema de debate al pedir el PSOE reglar y publicitar los criterios, los procedimientos y el alcance de las ayudas a las que pueden acceder los ciudadanos con el peligro de perder su casa. Según la edil Carmen Zurita, el Ayuntamiento "no regula criterios, procedimientos y ayudas al desahucio. El Área de Familia es un desastre en su dirección política, está obsoleta y su edil, Mercedes Colombo, improvisa continuamente". Zurita solicitó "sustituir la política de caridad y beneficiencia con un sistema más justo acorde con la Ley. Sin oscurantismo ni presiones políticas como las de Matadero". Y apuntó que el Ayuntamiento "no puede escudarse en que no puede reglar por ordenanzas algo optativo, y que no es de su competencia, como los servicios sociales. Este impedimento jurídico-competencial no existe, se puede crear una ordenanza si el PP quiere". Por estas declaraciones, la edil fue calificada por la concejala de Asuntos Sociales, Carmen Sánchez, de "manipuladora de palabras", recordando que las competencias de vivienda y asuntos sociales son de la Junta, a la que demandó "que nos pague lo que nos corresponde para ayudar a los gaditanos, mientras nosotros buscamos dinero donde haga falta para las ayudas sociales y nos pasamos del presupuesto todos los años. Este año hemos pagado más de 1,5 millones de euros en ayudas en materia de vivienda, incluyendo desahucios. Sin embargo, la Junta ha recortado 3 millones del Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de Servicios Sociales para 2014, 12 millones menos que en 2012". Al respecto, la alcaldesa apostilló que "si hubiesen ustedes cumplido con sus promesas de vivienda, habría 502 familias menos sin casa en Cádiz".

También es un clásico que la oposición reclame que se empleen gaditanos en las obras que se hagan en Cádiz, planteándolo como requisito indispensable en la adjudicación a las empresas, y que el equipo de gobierno aclare que se trata de una premisa que va contra la Ley. Este repetido debate se dio en la propuesta de Izquierda Unida, apoyada por el PSOE, de crear una bolsa de trabajo de desempleados para ponerla a disposición de las empresas que contrate el Ayuntamiento. El teniente de alcaldesa delegado de Empleo, Bruno García, recordó a IU que ya existe una bolsa de empleo que puede encontrarse en la web institucional del Ayuntamiento de Cádiz y que la Ley no permite obligar a las empresas a emplear a gaditanos, y retó al PSOE a que demuestre que en las obras de la Junta, poniendo como ejemplos la del Teatro Romano y la del puerto, se haya exigido en los pliegos de condiciones que tengan que colocar a parados de la capital gaditana. "Yo les digo la respuesta: no. Ustedes no lo hacen tampoco porque la ley no lo permite", concluyó García. Las tres propuestas de la oposición fueron rechazadas.