El Obispado confirma por decreto a la junta de Borriquita para dos años

Un decreto del Obispado confirmó ayer que la cofradía de Borriquita tendrá una nueva junta de gobierno de 17 hermanos ya elegidos por un período máximo de dos años, tal y como adelantó este periódico hace dos semanas. Con este documento firmado por el delegado episcopal de Hermandades, Sebastián Llanes, Manuel Rodríguez Caro se convertirá en el nuevo hermano mayor de Borriquita, a lo que se ofreció en la asamblea de hermanos celebrada el 24 de octubre.

Junto a él componen la junta otros 16 hermanos de la corporación, entre los que se encuentran los dos candidatos al frustrado proceso de elecciones. Ignacio Ortiz, que llegó a ser cesado como hermano mayor, ocupará el cargo de fiscal, mientras que Antonio Barrueco será el secretario. En cuanto a sus candidaturas, la nueva junta contará con diez miembros de la lista de Ortiz y tres de la de Barrueco, incluidos ellos dos.

Del primero están en la elección realizada por el comisariado José Cia Pellón como vicehermano mayor, Jesús Devesa como mayordomo, Juan Miguel Garay como tesorero y María José Cia Pérez, Francisco Aguirre Asencio, Jesús Cintado, Juan Luis Otero, Juan Pérez y Francisco Salido como vocales. Por su parte, de la lista que presentara en mayo Barrueco formarán la nueva junta, además de él, José Manuel Asencio y Manuel Alejandro Pinteño, los dos como vocales.

La junta por decreto la completan, con el cargo de vocal, Gonzalo Abelleida, María de Nazaret Alfaro y Rafael Mesa.

Todos ellos deberán tomar próximamente posesión de sus cargos, en un plazo máximo de veinte días, antes de lo cual está previsto que mantengan una reunión en los próximos días para concretar el trabajo a realizar en estos dos años que tienen por delante para normalizar la gestión de la hermandad y, al mismo tiempo, para preparar el cabildo de elecciones.

En el decreto de Sebastián Llanes se explica que el comisariado hizo llegar a la autoridad eclesiástica que no se daban "las circunstancias necesarias" para celebrar elecciones, por lo que se ha optado por esta fórmula. Además, se hace referencia a la posibilidad de que la salida procesional hubiera tenido que suspenderse, lo que a juicio de Llanes "produciría unos graves perjuicios a todos los miembros de la hermandad, e igualmente se lesionaría al conjunto de las cofradías de la ciudad de Cádiz y a la imagen de la Iglesia diocesana".

En el decreto se establece también que para cualquier cambio que quisiera hacerse de componentes de la junta o entre los cargos que ocupan "deberá solicitarse previamente la autorización de esta delegación episcopal".

Una vez tome posesión, el nuevo gobierno deberá trabajar lo antes posible en resolver la salida procesional del Domingo de Ramos, cerrando los contratos con las bandas (sobre todo la del palio, que ya anunció que desde noviembre buscaría otros contratos para ese día), o la cera para el palio y el cortejo, o confirmar a las cuadrillas, entre otras labores.