El Obispado de Cádiz ha salido al paso de la amenaza del Ayuntamiento de cobrarle el Impuesto de Bienes Inmuebles como medida de generación de ingresos con los que poder atender la crisis sobrevenida por la epidemia del coronavirus. Fuentes de la Iglesia gaditana han recordado al alcalde de la ciudad, José María González, que todo lo relacionado con el pago de impuestos está claramente establecido en una serie de normas en vigor.

"La Iglesia cumple escrupulosamente dicho marco normativo, al igual que el resto de asociaciones, ONG, sindicatos, fundaciones, otras confesiones religiosas, partidos políticos y el Ayuntamiento de Cádiz -como todas las administraciones públicas-", han afirmado fuentes del Obispado, recordando al Ayuntamiento la existencia de un artículo en la Constitución (en concreto el 9.1, que establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico") que el Ayuntamiento debe cumplir, ya que la exención del IBI "está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Con esta reacción da la Iglesia de Cádiz por zanjada la intención del Ayuntamiento de cobrar el IBI a aquellas propiedades del Obispado no dedicadas al culto. Una medida que el propio alcalde reconocía no tener aún desarrollada en cuanto a cantidad económica que supondría llevarla a cabo ni qué relación concreta de propiedades se vería afectada por tal posibilidad.