El conocido como Caso Matadero ha dado un llamativo giro de 180 grados. De las denuncias por presunto trato de favor a algún adjudicatario que en su día lanzó la entonces directora de la Unidad de Trabajadores Sociales del Ayuntamiento, Pilar Tubío, al procesamiento por un delito de prevaricación administrativa a esta funcionaria. Así lo acaba de determinar el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que ha dictado auto de apertura de procedimiento abreviado que derivará en un juicio oral contra la actual presidenta del colegio de Trabajadores Sociales y hermana de la actual concejal de Vivienda.

De este modo, la denuncia por una presunta prevaricación en la adjudicación de las viviendas de Matadero –de la cual quedaron absueltas las entonces concejalas del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez– se ha transformado en un procedimiento similar pero contra Pilar Tubío. A ella se le imputa este presunto delito en función a la valoración que se hace de una usuaria de Servicios Sociales.

En concreto, el caso se centra en una usuaria que por percibir una renta mensual de 561 euros quedaba fuera de los criterios para la concesión de una vivienda, según los baremos que en base a criterios técnicos tenía establecido el área municipal de Servicios Sociales. No obstante, sería la intervención de Pilar Tubío (como jefa de programa) la que llevaría a esa usuaria a recibir finalmente una vivienda; para ello, según consta en la documentación del proceso, Tubío habría cambiado la valoración, omitiendo la renta mensual de 561 euros así como el hecho de que no reunía otros requisitos necesarios para ser beneficiaria de una vivienda de Procasa.

El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial determinaba la reapertura de la causa penal contra Pilar Tubío, estimando que su conducta “presenta apariencia delictiva”, por lo que rechazaba el sobreseimiento de la causa. Ahora, la jueza de instrucción número 1 de Cádiz estima que hay evidencias “de que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración” a la que hasta ahora venía estando en calidad de investigada. Y por tanto, determina el procedimiento abreviado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El proceso –pendiente de un posible recurso al auto dictado por el Juzgado de Instrucción– derivará ahora en un juicio oral contra Pilar Tubío, que se enfrentaría a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años, según establece el Código Penal. Para la celebración de este juicio, las partes disponen ahora de un plazo de diez días para presentar los escritos de acusación o de sobreseimiento de la causa, según establece el auto al que ha tenido acceso este periódico.