Consumo

La Junta desaloja a Facua de su sede en la barriada de La Paz

  • La Adminstración autonómica ha cambiado la cerradura tras recibir la autorización judicial

La pancarta que se encuentra colgada en la sede que ocupaba Facua. La pancarta que se encuentra colgada en la sede que ocupaba Facua.

La pancarta que se encuentra colgada en la sede que ocupaba Facua.

La Junta de Andalucía ha hecho efectiva la orden de desalojo de la sede que la asociación de consumidores Facua tenía en la ciudad de Cádiz tras un largo litigio por la recuperación de este local.

En un comunicado, Facua ha lamentado la ejecución de esta decisión de la Junta de Andalucía, que se ha consumado con el cambio de cerradura del local por parte de la Policía Autonómica, con autorización de entrada por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Cádiz.

La Junta obtuvo la pasada semana el permiso judicial para desalojar a Facua del local en el que esta organización ha desarrollado su actividad en defensa de los consumidores en los últimos 37 años.

La actual sede fue cedida en precario por la Junta a una asociación vecinal en 1984 y después pasó a utilizarla Facua, según el Gobierno andaluz, sin que nunca mediara un convenio por escrito para regular esta cesión.

El Ejecutivo andaluz quería recuperar este local para normalizar la situación jurídica y poder acometer obras de seguridad, requeridas desde hace cinco años por el Ayuntamiento de Cádiz.

Facua se queja de que este desalojo se ha producido "sin esperar a la resolución definitiva del pleito, cuyo resultado podría ser diferente a la ocupación".

La asociación ha denunciado que empleados de la Junta y agentes de la Policía Autonómica se personaron en la sede y cambiaron la cerradura "sin que esta organización tuviera conocimiento de ello y aprovechando el estado de alarma, lo que hacía que los trabajadores estuvieran en sus domicilios siguiendo las indicaciones del Gobierno central".

"El gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta ha perpetrado una represalia con la que intentan restar capacidad de actuación a una organización que le resulta molesta por las críticas a determinadas políticas llevadas a cabo por la administración autonómica", asegura en el comunicado.

La asociación advierte de que seguirá defendiendo sus intereses en los tribunales y que, "a pesar de los graves perjuicios que la pérdida del local va a ocasionarle, ello no va a impedir que esta organización continúe desarrollando su trabajo".

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