Hemos oído hablar mucho de ellos, pero la verdad es que poco se sabe de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Santiago Yerga, coordinador jurídico de la entidad Pueblos Unidos, perteneciente al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), pronunció en la Fundación Tierra de Todos el pasado jueves una conferencia sobre estos espacios de detención.

El abogado explicó que las razones por las que una persona puede acabar en un CIE son por estancia irregular (falta de documentación oficial), por haber estado más de un año en prisión y ser trasladado antes de su devolución o para sustituir una pena por la expulsión. La realidad es que muchos de los que están detenidos en estos centros, en los que pasan una media de 24,96 días, no cumplen ninguno de estos requisitos.

Los CIE están concebidos como "espacios de detención para garantizar la materialización de un expediente de devolución", apuntó Santiago. No obstante, este objetivo no se cumple en su totalidad si tenemos en cuenta los datos. "En 2015 en España había 6.475 hombres y 455 mujeres internos y se expulsó a 2.762 hombres y 109 mujeres". Esto supone que el 58,20% que se quedo en el país "sufrieron una privación de libertad gratuita y sin sentido. Estuvieron retenidos sin haber cometido ningún delito y lo peor de todo, en condiciones propias de una cárcel", denunció Santiago.

Esta es la principal crítica que hizo durante su exposición, las condiciones en las que tienen que vivir estas personas, con graves carencias de salud e higiene, en celdas y vigilados por la policía cuando su única falta, que es entrar en España, "es una infracción administrativa que tiene el mismo valor jurídico que una infracción de tráfico".

En el CIE de Tarifa y el centro anejo de Algeciras (los más poblados del país) se internaron en 2015 a 2.114 hombres y 189 mujeres y se expulsaron a 455 hombres y 17 mujeres. Apuntó también que se detectaron cinco menores en estos CIE, aunque cree que habría muchos más. "En los CIE también hay personas solas, desarraigadas, enfermos, con orden de protección internacionales, ciudadanos de la UE, personas con antecendentes y personas inexpulsables".

Por todo ello pidió, desde SJM y la Iglesia Católica, "el cierre de los CIE porque no sirven para la finalidad con la que se crearon y porque vulneran muchos derechos fundamentales". Por ello propuso otras fórmulas como la presentación periódica ante las autoridades, la fijación de un domicilio, la retirada de documentación, el aval de una persona o contar con dispositivos tutelados de otras administraciones u ONGs.