La Fiscalía ha visto que puede haber indicios de un delito de prevaricación en el caso Fernando García Acuña, el asesor contratado por Por Cádiz sí se Puede y que estuvo realizando esta labor de consejero durante un año en temas legales y de contratación principalmente.

Comisiones Obreras dio traslado a la Fiscalía de los hechos para que determinaran si podía haber alguna irregularidad en este tema y la Fiscalía lo que ha hecho es dar traslado del caso al Juzgado para que se siga investigando, algo que se viene haciendo desde hace semanas y donde han pasado por la Policía Judicial un buen número de funcionarios municipales.

Este caso surgió a raíz de que la sección sindical de Comisiones Obreras solicitara en noviembre de 2018 al director de Personal y al delegado de este área del Ayuntamiento de Cádiz, que entonces era David Navarro, información sobre la situación laboral de Fernando García Acuña.

El sindicato tenía conocimiento, y así lo aseguró en una nota de prensa enviada a los medios, que esta persona desarrollaba trabajos “en dependencias municipales desde hacía meses tratando de forma directa asuntos de gestión administrativa con los funcionarios del Consistorio gaditano”.

Comisiones Obreras entonces dijo, por versiones de algunos funcionarios, que este asesor “da instrucciones sobre asuntos relacionados con los contratos y apareciendo por el Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas". Por ello pidieron información y el 21 de diciembre de ese mismo año, se recibió una respuesta donde se les dijo de manera literal lo siguiente: “Señalarle que en la actualidad este señor no mantiene ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de Cádiz”.

La sección sindical de Comisiones Obreras, en su día tiró de ironía al hablar de este caso como un misterio para decir al respecto que “la aparición de personas en el Ayuntamiento que andan por los pasillos, se sientan en los despachos oficiales, se dirigen a funcionarios dándoles instrucciones directas tiene que ser un fenómeno paranormal. Y solo lo ven los que lo sufren”.

Esta es una de las patas de los hechos que puso Comisiones Obreras en manos de la Fiscalía. El otro fue el acceso a un puesto en el Departamento de Contratación a través de una bolsa municipal.

En este caso se ha puesto en el foco de la investigación al propio Fernando García Acuña; al alcalde de Cádiz, José María González; al entonces concejal de Personal, el ya ex concejal David Navarro; a la entonces concejala de Fomento, Laura Jiménez;al ahora edil de Economía y en aquel momento asesor, José Ramón Páez; y el hasta hace poco tiempo jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia.

Desde el equipo de Gobierno se ha negado la mayor en este asunto. Así, hace unas semanas manifestaron que Fernando García Acuña fue contratado en abril de 2018 por el entonces partido mayoritario dentro de la coalición de gobierno, en este caso Por Cádiz sí se Puede como asesor de los concejales del equipo de Gobierno, pero su sueldo no salía ni del Ayuntamiento ni tampoco de los grupos municipales.

Acuña llegó a Cádiz debido a que es experto en Contratación Pública y Asesoría Jurídica y participó incluso en los trabajos de redacción de la nueva Ley de Contratos estatal del año 2017.

Las mismas fuentes del equipode Gobierno resaltaron que Fernando García Acuña “no desempeñó ninguna labor institucional y no tenía despacho ni ordenador”. En este sentido, se señaló que su función fue la de asesorar a los concejales en un momento en el que el equipo de Gobierno había recibido numerosas denuncias por los procedimientos que estaban llevando a cabo.

Comisiones Obreras aclara que no puso ninguna denuncia sino que lo que hizo fue poner los hechos en manos de la Fiscalía porque desde el mismo momento en el que empezaron a indagar quisieron encontrar algunas respuestas a preguntas que en su día hicieron en aquel comunicado de prensa: “Si se puede trabajar en el Ayuntamiento sin tener relación alguna con éste, si cualquier persona en estas circunstancias puede dar instrucciones a los técnicos, además de si una persona se puede instalar en el Ayuntamiento sin que los responsables se enteren”.