Cádiz

Fedriani dimite como director general para "no dañar" a la Zona Franca

  • La Abogacía del Estado solicitaba para él en su calificación provisional del caso Quality Food una pena de siete años de prisión El Consorcio lo califica como un cese temporal

El director general de la Zona Franca de Cádiz, José Manuel Fedriani, presentó ayer su dimisión al delegado del Estado en el Consorcio, Jorge Ramos, después de que se conociera que la Abogacía del Estado y el PSOE pidieran en sus respectivos escritos de calificación provisional siete años de prisión por malversación de caudales públicos en el caso Quality Food que se instruye desde hace más de una década.

José Manuel Fedriani ocupaba el puesto de jefe de gabinete del entonces delegado del Estado de la Zona Franca, Miguel Osuna, para el que también se ha pedido siete años de prisión por el mismo delito.

En un comunicado enviado por la Zona Franca se dice que la decisión la ha tomado Fedriani "a petición propia" y se habla de un cese temporal, entendiéndose que queda suspendido en sus funciones hasta que quede aclarada su imputación en el caso, en el que pasó a tener esta consideración en el mes de julio de 2013.

En el mismo comunicado se dice que Fedriani ha ratificado en el escrito entregado a Jorge Ramos "su inocencia" y añade que la decisión que ha tomado va encaminada "a no dañar la imagen de esta institución".

El primer paso que espera Fedriani es la del recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial contra su procesamiento en el caso, que está todavía pendiente de resolución.

Hasta ahora el único que fue imputado en su día en este caso y que después dejó de estarlo gracias al recurso que presentó en la Audiencia Provincial fue Ignacio Romaní, el concejal del Partido Popular, al que se le quería hacer responsable de las presuntas irregularidades por formar parte del ejecutivo que en diciembre de 2003 tomó la decisión de hacerse cargo de la mayoría de Quality Food. La sede provincial de justicia fue demoledora y le dio incluso un tirón de orejas a la jueza instructora del caso por haber imputado a Romaní.

El PSOE ya había solicitado el cese de Fedriani mientras que la defensa de Manuel García Gallardo, para el que se piden 17 años de prisión, lo había pedido en la instrucción del caso al considerar que no debía estar en un puesto en el que tenía acceso a las pruebas que eran objeto de investigación.

El caso Quality Food juzga las presuntas irregularidades que se produjeron tanto en la gestión de Quality Food por parte de su fundador, Manuel García Gallardo, y algunos de sus familiares, y la relación que tuvo esta con la Zona Franca y la decisión que adoptó el Consorcio para hacerse con la mayoría de las acciones de la empresa alimenticia.

García Gallardo instaló en el año 2000 en el recinto fiscal gaditano una empresa dedicada a la preparación y distribución de alimentos denominada Quality Food. Posteriormente también inició la construcción de una segunda planta en el edificio que ocupa ahora el Mercadona con la que pretendía hacer una expansión nacional e internacional. Sin embargo ésta nunca llegó a abrirse.

Según las acusaciones, dicha empresa pudo servir para defraudar y estafar a las administraciones públicas obteniendo subvenciones y ayudas para proyectos que requirieron continuas ampliaciones de capital, que contaban con el respaldo del entonces delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, y su entonces jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, siempre según estos escritos.

De hecho uno de los puntos claves que se responsabiliza tanto a Miguel Osuna como a José Manuel Fedriani es que se procediera a la entrada mayoritaria de la Zona Franca en el accionariado de Quality, a través de una sociedad dependiente del Consorcio llamada Sogebaq. En los escritos de la Abogacía del Estado y el PSOE coinciden en que lo que se trataba en Sogebaq no se informaba del todo en el comité ejecutivo de la Zona Franca.

Sin embargo, el asunto más espinoso es el valor que se le dio a las acciones, que se estima que fue muy superior al real porque se basó en un informe que era irreal.

Este es el segundo miembro del equipo directivo de Jorge Ramos que dimite por asuntos judiciales. Anteriormente lo hizo Cristóbal Cantos en el mes de marzo de 2014 por su imputación en el caso Invercaria, a pesar de que fue la persona que lo denunció.

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