FACUA Cádiz ha mostrado a través de una nota de prensa su "solidaridad" con el colectivo del taxi por la llegada de la empresa Uber a la Bahía de Cádiz. Un respaldo a su trabajo que también le ha servido a esta entidad para pedir a los ayuntamientos que redacten o modifiquen las ordenanzas municipales para defender tanto a los taxistas como a los usuarios. 

Ante esto, la organización considera "imprescindible" que se tenga en cuentan a los usuarios, por lo que va a exigir a los consistorios que "adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos de los pasajeros". 

Junto a esto, FACUA Cádiz cree que la supervivencia del taxi "resulta imprescindible" al tener los precios regulados, lo que "garantiza que las VTC (Vehículos Con Conductor) como Uber no acaben inflando sus precios". Además, añade que es "fundamental actualizar el marco de obligaciones del sector del taxi a fin de garantizar un servicio de calidad a los usuarios, así como su modernización".

FACUA Cádiz recuerda que, a través de su organización estatal, ha reclamado a Uber que rectifique diez cláusulas de sus condiciones contractuales al considerar que podrían ser abusivas. A juicio de esta entidad, los "términos y condiciones" publicados en la web de Uber sitúan a los usuarios en una situación de "absoluta indefensión" en caso de que se produzcan irregularidades en los servicios contratados, como que los transportistas se retrasen o no lleguen, cargos superiores a los ofertados, deficiencias en la calidad y prestaciones de los vehículos o daños por accidentes. Así, las condiciones contractuales establecen que el usuario renuncia a reclamar a Uber cualquier clase de responsabilidad ante anomalías como las mencionadas.

Entre las cláusulas que para FACUA resultan abusivas destaca una en la que Uber se presenta como una mera intermediaria y advierte de que no es una empresa ni presta servicios de transporte, a pesar de que, cuando se solicita un transporte a través de la app de Uber, toda la contratación y pago se lleva a cabo de forma directa con esta empresa, sin que ni siquiera se informe de cuál es la titular de la licencia de VTC para la que trabaja el profesional que llevará a cabo el servicio.

Por otra parte, Uber señala en su contrato que cualquier controversia tendrá que ser valorarse bajo la aplicación de la legislación de los Países Bajos y que los actos para resolverlas deberán celebrarse en Amsterdam, donde la filial europea de la multinacional estadounidense tiene su sede social.

FACUA también considera abusivo que la empresa imponga en el mismo apartado de sus condiciones contractuales la sumisión a un arbitraje distinto del sistema arbitral de consumo, concretamente el de la Cámara de Comercio Internacional. La redacción de esta cláusula llega al extremo de establecer que el usuario renuncia a cualquier otra vía para reclamar sus derechos, incluidos los tribunales de justicia.

FACUA considera igualmente abusiva otra cláusula en la que Uber señala que podrá poner fin de inmediato tanto a sus condiciones contractuales como a cualquier servicio prestado al usuario e incluso se reserva el derecho de dejar de ofrecer o denegar el acceso a sus servicios "en cualquier momento y por cualquier motivo".