Derechos Humanos denuncia que el SAS cobra la atención a los inmigrantes

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) tiene documentados casos de inmigrantes en situación irregular a los que el Servicio Andaluz de Salud ha facturado la asistencia sanitaria recibida en los hospitales de la provincia, entre ellos el Puerta del Mar de Cádiz. Incluso una de estas personas ha visto embargada su cuenta de ahorro después de que dejara de abonar al SAS un pago de 70 euros por la atención recibida en el hospital de la capital. La APDHA también denunció más de una docena de casos de inmigrantes a los que se les ha denegado la asistencia sanitaria en hospitales y centros de salud de la provincia. Desde el SAS se atribuyeron los posibles casos denunciados por la asociación gaditana a "un lamentable error" que, afirman, son "los primeros interesados en que quede subsanado". "Ningún inmigrante tiene que pagar en Andalucía por una asistencia urgente y hospitalaria", afirma una fuente de Salud en Cádiz.

La presentación en la sede de Derechos Humanos de la 18 edición del Festival Stop Racismo, que se celebra el próximo viernes, sirvió a la asociación para hacer un nuevo balance de la situación de la población inmigrante de la bahía de Cádiz y de cómo está padeciendo de una manera más dura los efectos de la crisis, sobre todo aquellos que quedan en situación irregular en el país al no poder renovar su permiso de residencia por haber perdido su puesto de trabajo: "Los inmigrantes hemos sido los primeros en sentir la crisis y seremos seguramente los últimos en salir", afirmaba tajante Amin Soussi, que ayer ejerció de portavoz de la asociación junto a Rafael Lara y Arantxa García.

Los porcentajes de la población inmigrante de Cádiz -alrededor de 60.000 personas- ayudan a calibrar con cifras el problema denunciado por Derechos Humanos. El 70% de la población inmigrante de la provincia cuenta con un permiso de residencia permanente. El resto, el 30%, es el que queda al arbitrio del mercado de trabajo para poder renovar su permiso de residencia y, por tanto, permanecer o no en España en situación irregular y en una posible situación de desamparo que puede conducir a la exclusión social.

Y el sistema de protección se tambalea, según lo denunciado por la asociación, en dos de las patas fundamentales para su equilibrio: sanidad y educación. Por ejemplo: los inmigrantes en situación irregular no tienen NIE, un documento esencial para justificar a través de Hacienda que sus hijos tienen derecho a optar a los beneficios del decreto contra la exclusión social de la Junta, el que garantiza las tres comidas al día. Rafael Lara considera "un contrasentido" que quienes precisamente más lo necesitan no puedan acogerse a esta medida.

Lara reconoce el "esfuerzo" de la Junta de Andalucía por aplicar una política en la comunidad que sirva para "corregir las barbaridades cometidas por el Gobierno del PP", pero reclama del ejecutivo autonómico más claridad a la hora de fijar los protocolos de actuación para evitar las deficiencias detectadas en centros de salud y hospitales en la atención a estos inmigrantes. Desde que el gobierno central decidió, en septiembre de 2012, negar a los inmigrantes irregulares su derecho a disponer de tarjeta sanitaria, la APDHA ha detectado varios casos en los que en Andalucía, pese a las promesas de la consejera de Salud, se ha denegado la asistencia sanitaria a los inmigrantes e, incluso, se les ha extendido una factura tras ser atendido en los hospitales.

Derechos Humanos afirma tener documentados en Cádiz más de una docena de casos de inmigrantes que no han recibido atención médica: "Nosotros hemos realizado el seguimiento, hemos ido al centro de salud con ellos, al distrito sanitario, y hemos comprobado que se echan la culpa entre las administraciones. Hay funcionarios que no saben cómo actuar porque no existe un protocolo", dicen desde Derechos Humanos. Esta asociación está precisamente a la espera de ser recibida por la consejera de Salud para presentarle un informe, elaborado junto a Médicos del Mundo y Andalucía Acoge, en el que se recogen los datos documentados en toda la comunidad.

En Cádiz, Derechos Humanos afirma que se ha denegado la asistencia a inmigrantes irregulares -"incluso con un caso en Villamartín que afecta a una mujer embarazada y a su hijo"- y que en los hospitales de la provincia se está cobrando la asistencia sanitaria extendiendo la correspondiente factura. En uno de estos casos, el inmigrante no ha podido pagar el alquiler de su piso al ser embargada su cuenta por una deuda de 70 euros con el hospital Puerta del Mar.

Desde el SAS no se ponen en duda los datos hechos públicos por la asociación, pero cree que se trata de "un lamentable error". Una fuente de Salud recuerda que la sanidad en Andalucía es gratuita. "Ningún inmigrante tiene que pagar por recibir asistencia urgente y hospitalaria". El SAS cree que el error puede deberse a que los pacientes recibieran una factura informativa, que se tratara de un pago a terceros o dependiente de alguna mutua: "No parece que sean estos casos, debe ser un error, algún tipo de malentendido que se subsanará. Y el SAS anima a Derechos Humanos a entregar el informe que ha realizado sobre este asunto, somos los primeros interesados en conocerlo para corregir los posibles errores".