La Confederación General del Trabajo (CGT), Ecologistas en Acción Cádiz y la asociación cultural La Fábrika, han presentado en el registro de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía una denuncia contra la empresa Zaragoza Urbana SA basada en un informe técnico en el que se da cuenta de posible sustracción de material estructural del siglo XVIII del Edificio Valcárcel, el antiguo Hospicio Provincial, que la empresa citada adquirió por compraventa a la Diputación en el año 2003.

Los tres colectivos sociales solicitan que se abra una investigación sobre el estado del inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1965.

El informe pericial, realizado por el arquitecto técnico Vicente Gómez-Zarzuela Giner en agosto del pasado año, recoge que en la inspección en cada una de sus tres plantas apreció un perfecto estado de toda la estructura de hormigón armado, así como de sus paredes de cerramiento, y que las cubiertas también se encontraban en buen estado

Destaca una obra de reciente construcción y de gran envergadura en la zona de la cubierta, supuestamente realizada por Zaragoza Urbana, que requiere de una buena base estructural existente, por lo que estima que quien la ordena debió de asegurarse de que la citada estructura la soportase, lo que demuestra que la estructura está en buen estado.

También alude a un mal estado de los revestimientos de las paredes, techos y suelos, así como de los aseos, en cada una de las plantas, que estima que se debe al abandono al que ha estado sometido dicho edificio durante años

Asimismo, el informe indica que en la azotea de una zona lateral derecha, según se entra, hay un cambio de unas cuantas vigas de madera de su forjado, que según le comentaron eran de una calidad muy superior a las actualmente colocadas, lo que supone una especie de expolio de material, lo mismo que se ha podido haber realizado con el cambio de unas ventanas de madera y sus rejas por otras de aluminio en algunas de las dependencias de las plantas bajas y altas, así como en algunas solerías.

Por todo ello el informe técnico concluye estimando que el edificio está en perfectas condiciones de sus seguridad estructural y que los estará de habitabilidad una vez que se realicen las nuevas obras de revestimiento de sus paredes, techo, suelos y de sus aseos o baños, así como de su carpintería de madera, tanto exterior como interior.

Por su parte, los tres colectivos gaditanos recuerdan en su comunicado que en el decreto por el que fue declarado monumento histórico-artístico se dice que "no solamente el patio, sino todo el edificio, sobre todo su frente principal, es digno de respeto y conservación, que dicha catalogación hace que esté bajo el amparo de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y que actualmente el mantenimiento y conservación del inmueble corresponde a la propietaria Zaragoza Urbana S.A., que lo adquirió por compraventa en el año 2003.

Por otro lado recuerda que el pasado 26 de octubre la junta de gobierno local del Ayuntamiento acordó iniciar un expediente sancionador a la citada empresa por incumplimiento de las órdenes de ejecución de obras de seguridad y ornato público en el citado edificio.

También señala que el pasado día 13 las aulas pertenecientes al la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, que se encuentran en el citado inmueble, se cerraron debido al mal estado de las mismas, por indicación de Zaragoza Urbana, por la inseguridad de los talleres de cocina instalados en el antiguo Valcárcel.

Añade luego que todos esos hechos se producen en un contexto de indefinición sobre las intenciones de Zaragoza Urbana con respecto al edificio y de ocultamiento y oscuridad sobre el contrato de compraventa realizado con la Diputación, a las actuaciones realizadas por la empresa en el edificio y a las causas que están provocando el retraso de la devolución del mismo a su anterior propietario, ante la renuncia pública de la empresa a su proyecto de hotel de lujo.

Finalmente denuncian que el patrimonio arquitectónico no debe depender de manos privadas y que tanto la Diputación como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no han estado a la altura de las necesidades de conservación del mismo, situando al BIC de Valcárcel en serio riesgo de degradación y dejado en segundo plano el destinarlo a uso público.