Los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas han solicitado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía negociar la orden de que contribuyan con 135 millones de euros de sus gastos corrientes, a cargo de sus remanentes de tesorería no afectados, a un Fondo de Emergencia Social y Económica contra la covid-19. Esos remanentes, cuyo uso han solicitado en reiteradas ocasiones, son vitales para el mantenimiento de las instituciones académicas andaluzas.

Las universidades no se niegan a contribuir a ese fondo, sino que piden que se acuerde cómo, “buscando un consenso que permita a las universidades demostrar su corresponsabilidad con la situación actual, pero sin poner en riesgo el desarrollo digno de sus funciones y su estabilidad futura sin poner en peligro su financiación”.

Más de un centenar de representantes sindicales de CCOO y UGT de la provincia se concentraron ayer ante las puertas del Hospital Real contra el “recorte brutal de 135 millones de euros que el Gobierno Andaluz pretende aplicar a las Universidades Andaluzas”.

En la carta remitida al consejero de Hacienda, Industria y Energía se explica que “el pasado 18 de mayo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó instarle a iniciar las actuaciones necesarias para la dotación de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra la covid-19 (FESE) por valor de 700 millones de euros. En dicho acuerdo se decidió que las universidades públicas andaluzas aportarán a este fondo 135 millones de euros procedentes de su presupuesto nominativo destinado a la cobertura de gastos corrientes”.

“Para hacer frente a este ajuste financiero –continúa el escrito– se ha autorizado a las Universidades a recurrir a sus remanentes de tesorería no afectados y se han acordado otras medidas complementarias: pago de la deuda contraída por la Junta con las Universidades desde el año 2015 y autorización de inversiones con cargo al resto de sus remanentes por valor de 125 millones de euros”.

“Estos remanentes de tesorería conforman una parte sustancial de la posición financiera de las universidades públicas andaluzas para afrontar las inversiones estratégicas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades –argumentan en la carta– , por lo que, de forma reiterada y durante los últimos años, se ha solicitado poder utilizarlos, de forma progresiva, para la mejora del servicio público que prestan, sobre todo en ausencia de un plan plurianual de inversiones de la Junta de Andalucía”.

Y añaden: “En términos plurianuales, el uso de remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes supone una reducción de la financiación del conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz, algo que ya ocurrió en el año 2019. Así, por tanto, siendo cierto que la capacidad de ejecución del presupuesto de las universidades para este ejercicio económico 2020 no se resiente, la capacidad financiera de las universidades en términos plurianuales se reduce en la cantidad de 135 millones de euros”.

Frente a la propuesta acordada por la Junta proponen “explorar otras posibles soluciones, que, teniendo un resultado equivalente en la aportación de las Universidades públicas andaluzas al FESE, no debilite la posición financiera de las mismas para futuros ejercicios económicos”.

Como una posible solución plantean “mantener el aplazamiento del pago de la deuda, de manera que esos 126,9 millones de euros sean los que se destinen al FESE, autorizando en paralelo el uso de solo 135 de remanentes para su uso en inversiones, lo que además tendría igualmente el efecto de ayudar a reactivar la economía andaluza después de los efectos muy negativos de esta crisis de la covid-19”.