El personal sanitario tiene varios frentes de batallas abiertos estos días. En un flanco, el enemigo invisible, el común a la mayor parte del planeta. En el otro, otro más inesperado, la propia administración. Y es que cada vez se están produciendo más casos en que los profesionales están siendo expedientados por verter sus críticas hacia la gestión sanitaria.

Este mismo lunes, varios sindicatos denunciaron que son muchos los que se están viendo sometidos a presiones para que no hagan pública la situación laboral que están viviendo durante la pandemia de coronavirus, coartando, de este modo, su libertad de expresión.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería, Satse, en Cádiz asegura que tiene constancia de que se han abierto expedientes disciplinarios a profesionales por denunciar, a través de las redes sociales o de grupos de WhatsApp, la situación en la que están trabando. Por ello, ha exigido a los responsables del Servicio Andaluz de Salud que "no se amenace a los trabajadores ni se coarte su libertad de expresión, ya que su único objetivo es llamar la atención de una administración que no está cuidando como debe de su personal al no dotarle de los medios necesarios para realizar su trabajo con las medidas de seguridad necesarias".

Otras organizaciones sindicales, como Sindicato Médico, Autonomía Obrera, CGT y Csif afirman no tener constancia de aperturas de expedientes disciplinarios, pero sí del miedo que existe entre los trabajadores a denunciar la situación que están viviendo, sobre todo después de la circular enviada el pasado 1 de abril por la Dirección Gerencia del SAS a todos los profesionales que prohibía la difusión de información relacionada con las necesidades de recursos materiales y humanos para hacer frente al Covid-19 bajo amenaza de sanción.

En el Hospital Puerta del Mar, las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT señalan que sí se ha realizado una "presión sutil a modo de advertencia", tanto a los sindicatos como a los trabajadores, sobre posibles sanciones si se daba información o se publicaban imágenes relacionadas con las circunstancias de trabajo durante la pandemia. Y se refirieron hace unos días a la "estrategia de intimidación que la Consejería de Salud y el SAS viene imponiendo desde hace semanas a todos sus trabajadores, con el objetivo de que no salga a la luz la sensación real de inseguridad que se está viviendo en todos los centros sanitarios".

En la mañana de este lunes, incluso se produjo una concentración a las puertas del hospital gaditano, convocada por la Asociación de Celadores de España para mostrar "la más rotunda repulsa por la retirada", después de supuestas presiones, "del vídeo donde una enfermera hace referencia a las pruebas que todos los trabajadores del hospital hemos sido sometidos". Cabe señalar que la enfermera ha asegurado que retiró el vídeo por voluntad propia, y no porque haya recibido ningún tipo de presión.

Desde Satse Cádiz lamentan que el personal sanitario no quiere hablar con los medios de comunicación por miedo a represalias. Una situación que, "a todas luces, es inaceptable en un Estado de Derecho".

Autonomía Obrera y CGT también consideran "inaceptable" que se esté coartando la libertad de expresión de los trabajadores, "sobre todo cuando están asumiendo unas situaciones tan duras y tan tensas".

Por su parte, desde Csif indican que muchos profesionales recibieron amenazas veladas de apertura de expedientes disciplinarios al publicar en sus redes sociales fotos de los deficientes equipos de protección que les proporcionaban. Unas amenazas que, según indican desde la Sección de Sanidad de la central sindical en Cádiz, "fueron más un método disuasorio para que los profesionales retirasen la foto o vídeo que habían publicado y, en algunos casos, pidiera disculpas". Añaden que esas advertencias de aperturas de expedientes "se basaban en el hecho de que está prohibido sacar fotografías en el interior de los centros sanitarios, pero sabemos que la realidad es que no querían que se mostraran las deficiencias del sistema".

Por eso, desde Csif animan a los profesionales a que hagan siempre cualquier denuncia "a través de los cauces legales, a través de los sindicatos" porque ellos tienen un respaldo legal para poder hacer llegar esas denuncias a la opinión púbica, gracias la Ley de Libertad Sindical. "Somos la voz de los trabajadores y podemos denunciar su situación sin que ellos corran riesgos porque siempre preservamos el anonimato".

Caber recordar que Satse exigió la retirada de la circular enviada el pasado 1 de abril porque considera que en ella se realiza "una interpretación torticera de una orden del Ministerio de Sanidad".

Desde este sindicato precisan que entienden y comparten "el absoluto respeto a los datos personales de los pacientes y el de sus procesos de salud, así como que se eviten y persigan declaraciones que respondan a claras intenciones de crear falsas alarmas o bulos que incidan o puedan incidir negativamente en la comunidad". Pero "bajo ningún concepto podemos compartir ni estar de acuerdo en ningún tipo de represalia contra profesionales, que lo que hacen es denunciar el estado y las condiciones laborales pésimas en las que trabajan, con el único objetivo de que dichas circunstancias se mejoren, llamando de esta forma la atención de la administración", insisten.

Hay que señalar que antes de esta circular, ya en algunos centros sanitarios de la provincia, como el Hospital Puerta del Mar, se había advertido a los trabajadores en una comunicación interna que "cualquier profesional que tenga alguna presencia en medios de comunicación o cualquier otro canal de comunicación a la ciudadanía, especialmente si es en alguna dependencia de esta institución, debe contar con la autorización previa de la dirección del centro". Dicha comunicación añadía que "la participación en redes y similares es de responsabilidad personal, por lo que el posicionamiento debe quedar claramente en este plano. No se autoriza la emisión de ningún mensaje en nombre del centro".

Desde Satse Cádiz quieren recordar también que en el artículo 72 del Estatuto Marco, donde se regulan los tipos de faltas para el personal estatutario de los servicios de salud, "estas actuaciones de reclamación pública de mejoras de medidas de seguridad no están tipificada como tal. Sí en cambio en su punto 2.n, donde se tipifica como falta muy grave los actos dirigidos a impedir o coartar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos sindicales".