La enajenación de la parcela que Procasa tenía en la Avenida de la Sanidad Pública, fruto del derribo de los bloques de vivienda de Cooperativa, a un promotor privado es una operación que chirriaba. Una empresa pública de viviendas vendiendo un solar al mejor postor para que haga viviendas -encima de diseño y calidades de alta gama- no termina de encajar; mucho menos si al frente de Procasa, la empresa pública de vivienda de Cádiz, y del Ayuntamiento hay un gobierno como el de José María González, con el discurso que permanentemente utiliza. La operación, por la que la entidad pública percibió más de 4,6 millones de euros, ha recibido la contestación de la oposición, crítica con la venta del solar; especialmente por el Partido Popular, que a día de hoy sigue atizando golpes continuos por la actuación del equipo de gobierno.

No obstante, lo sorprendente de todo esto es que la venta de la parcela era algo que la operación de Cooperativa contemplaba desde un principio. Es decir, era parte del plan que el propio Partido Popular diseñó cuando gobernaba el Ayuntamiento de la ciudad; y, con ello, la empresa municipal de Vivienda.

Así lo aseguran la concejala de Vivienda, Eva Tubío, y los técnicos de Procasa, partícipes en el diseño de esta operación urbanística desde el principio. Y así lo explicaba el propio gobierno popular en 2011, cuando se iba a ejecutar el derribo del antiguo cuartel de la Guardia Civil. “La intención es financiar parte de esta importante operación urbanística con la venta de la parcela para la construcción de los pisos de renta libre”, trasladaban desde el equipo de Teófila Martínez entonces. Una venta de pisos de renta libre que detalla el Plan General de Ordenación Urbana, que otorga esa superficie (con un total de 5.418 metros cuadrados para uso residencial, 774 metros cuadrados en planta baja para uso comercial y 944 metros cuadrados bajo rasante para garaje) para “uso residencial libre” y no para viviendas protegidas ni mucho menos públicas.

Una decisión obligada

“No teníamos otra alternativa”, asegura la concejala de Vivienda al referirse a esta polémica operación. Para entenderlo, dos son las claves que hay que tener en cuenta y que guardan vinculación entre sí.

La primera de ellas es que Procasa se hizo cargo del suelo de Cooperativa a raíz de una compra que le hizo al Ayuntamiento. En concreto, la totalidad de la operación se cerró el 4 de febrero de 2011 por un importe de 6.686.090 euros que Procasa tenía que pagar al Ayuntamiento. “Y esa venta de suelo obligaba a Procasa a vender para poder pagarlo”, resume Tubío. De ahí que las viviendas resultantes de los dos bloques construidos en esa primera fase de Cooperativa fueran destinadas a la venta, bien en régimen protegido o en renta libre.

El problema radicaba en que con la venta de todas las viviendas construidas no se generaban ingresos suficientes para pagar el suelo. De ahí que se contemplara la venta del solar de Cooperativa.

La segunda clave tiene que ver con la actuación del gobierno de José María González en la actualidad. “Nuestra sorpresa llegó cuando desde Tesorería nos indican que Procasa mantiene esa deuda con el Ayuntamiento, y que una vez culminada la promoción de viviendas que estaba prevista había que liquidar la venta del suelo que se hizo en 2011. Es más, desde Tesorería nos amenazaban con paralizar las certificaciones de obra, lo que impediría seguir avanzando en la construcción de las promociones en las que está trabajando Procasa”, explica Eva Tubío.

En esta tesitura, dos eran las posibilidades: o vender el solar a un privado, o construir Procasa las viviendas y venderlas en renta libre. Algo que viene a ser prácticamente lo mismo, pero que además era imposible porque Procasa sigue a día de hoy sin poder acceder a créditos bancarios al tener la consideración de empresa no de mercado por el alto endeudamiento heredado. Así que, tal y como insiste la concejala, “no teníamos otra alternativa”.

Parte de la deuda, para los "mamotretos"

“Vender el solar es la única posibilidad que teníamos de salvar a la empresa”, añade Tubío. Para colmo, el dinero vinculado a esta venta de suelo ya lo tenía consignado el Ayuntamiento en sus presupuestos, “algo que a nosotros no nos dejan hacer con el hotel de la tribuna del Estadio”. Y de los 6,6 millones pendientes de cobro, el gobierno de Teófila Martínez gastó alrededor de tres millones de euros. “Y de esos tres millones, novecientos y pico mil lo gastaron en los mamotretos del Bicentenario, como hemos comprobado en las facturas vinculadas a ese expediente”, traslada con sorpresa la concejala.

El escenario es tan inverosímil que a pesar de haber destinado a esa deuda por la cesión del suelo el beneficio resultante de la venta de la parcela de Cooperativa, Procasa sigue debiendo al Ayuntamiento dinero por esa operación. La concejala apunta que si el Consistorio hubiera cedido el suelo de la Guardia Civil a Procasa sin contraprestación alguna, “esas 40 viviendas no se habrían hecho libres, sino que se hubieran construido en régimen de protección y el parque público de vivienda de la ciudad habría ganado 40 viviendas”. “Es todo muy surrealista”, se lamenta Tubío.