Bronca en Bahía Blanca: Cómo tres alcaldes franquistas de Cádiz chocaron por la forma de urbanizar esta zona de la ciudad

El derribo del frente de la Puerta de Tierra, iniciado con la II República tras conseguir años antes el alcalde Ramón de Carranza el paso a manos de la ciudad de estas fortificaciones, incluidos los glacis, (con un coste económico para la ciudad), fue el primer paso para la expansión de Cádiz por los terrenos de extramuros.

Colapsada la ciudad interior, con más de 70.000 vecinos viviendo dentro de las murallas, los distintos proyectos de urbanización de los extramuros habían chocado hasta ese momento con la presencia del complicado complejo del frente de la muralla, con una estructura defensiva que se metía varios cientos de metros en la zona de expansión de la ciudad.

Durante la década de los años 30 los glacis se fueron desmantelando. Los fosos eran cubiertos con todos los escombros que se producían en la ciudad, mientras se trabajaba en el derribo parcial del frente de la muralla con la idea de dejar exento de cualquier construcción el torreón central. (Tras una larga polémica se reconstruirá parte de lo demolido con la construcción de dos grandes arcos a principios de la década de los 50, a la vez que se trabajaba en la eliminación parcial del cuartel de San Roque, para dar continuidad a la carretera exterior de la ciudad, desde actual Paseo Marítimo al Campo del Sur).

En marcha esta operación de derribo, a la ciudad se le presentaba la necesidad de urbanizar dos espacios muy degradados y con un alto valor urbano, al ubicarse en la frontera con el casco histórico y junto al frente de la muralla, donde ya se preveía la construcción de una gran plaza y la instalación de diversos edificios administrativos: Bahía Blanca y Santa María del Mar.

El Ayuntamiento, presidido por el alcalde Juan de Dios Molina, al que le precedía una brillante gestión al frente de la empresa municipal de Agua y Electricidad, cedió el suelo a urbanizar, Santa María del Mar y Bahía Blanca con 172.000 metros cuadrados, a la empresa Ribera y Cia S.L. Esta compañía se constituyó en 1895 con el nombre de J. Eugenio Ribera y Cia y fue la primera en España a la hora de utilizar el hormigón armado.

El proyecto pretendía transformar los glacis "en un barrio moderno de hoteles (chalés) con playa propia (...) con un diseño de estilo californiano". Se plantean casas individuales así como bloques de pisos de no más de cuatro plantas de altura, así como un mercado con recargado diseño, un centro educativo y una iglesia.

La promotora pretendía privatizar la vecina plaza de Santa María del Mar. "El acceso a a playa será de pago, así como los servicios de la misma, al objeto de conseguir que esa playa, por consecuencia lógica de emplazamiento tenga el tenor que corresponde a la nueva zona que se urbaniza y zona ya urbanizada de la avenida del general López Pinto (actual avenida de Andalucía), de viviendas habitadas por clase media, de condiciones de moral y educacionales que se sienten molestas con la promiscuidad y abandono de otros elementos menos cultos". Para conseguir este sorprendente propósito la empresa confiaba en la presencia de agentes de seguridad del Ayuntamiento para controlar el acceso.

Sobran moscas por las vaquerizas en extramuros

Al Ayuntamiento se le reclamaba también la eliminación de "la clásica plaga de moscas y demás insectos que martiriza a los habitantes de Puerta Tierra, debido a los vertederos, vaquerizas, porquerizas y viviendas anti-higiénicas". Así, se exigía que estos elementos debían de desaparecer a una distancia no inferior a los 500 metros de las lindes de la concesión en un plazo de un año.

A la vez, la concesionaria logró del Ayuntamiento de Juan de Dios Molina la exención de todo tipo de impuestos municipales, la plantación de todas las zonas verdes incluidas en el proyecto, una reducción del 50% en el coste del agua, la ejecución en el plazo de tres años del ensanche, apertura y urbanización de la Puerta de Tierra, el suministro eléctrico y la red de alcantarillado. Los plazos de ejecución de la urbanización por parte de la promotora podrían dilatarse tanto tiempo como tardase el Ayuntamiento en cumplir sus propios compromisos.

El 1940 el gobernador civil acepta la dimisión de Molina al frente del Ayuntamiento de Cádiz. En su lugar entra Pedro Barbadillo. Y pronto se verá como su forma de actuar en la urbanización de la zona de los glacis va a ser diametralmente opuesta a la de su antecesor, criticando con dureza su gestión algo inusual en estos primeros años de la dictadura franquista.

María Pila Ruiz Nieto-Guerro y Juan Jiménez Mata, relatan este proceso crítico en el Ayuntamiento, entonces ocultado a la opinión pública, en el tercer tomo de su Historia Urbana de Cádiz.

Con Barbadillo ya en la Alcaldía, y teniendo en cuenta que la urbanización de Bahía Blanca y, sobre todo, Santa María del Ma, avanzaba lentamente se encargó un informe técnico que concluyó con una durísima crítica a la gestión del anterior alcalde.

"No parece lógico que Cádiz ansiara romper el cinturón de fortificaciones que la aprisionaban para cerdérselo por la mezquindad de 1.712.773 pesetas por ¡172.000 metros cuadrados! a una Sociedad que al pasar a ser dueña de ellos vuelve a constituir otro cinturón, éste aún peor ya que el interés de lucro frena e incluso impide la consrucción al ritmo que la expansión de Cádiz viene exigiendo".

Si la repulsa a este plan ya era rotunda en el inicio del informe, posteriormente se incide en "el error" de destinar este suelo "a algunos cientos de vecinos elegidos por su fortuna, mientras tantas decenas de miles de habitantes viven hacinados (refiriéndose al grave problema de la vivienda en el Cádiz interior)".

Recuerda que la planificación de la obra beneficiaba a la promotora, ya que su ritmo podía supeditarlo a obras en manos del Ayuntamiento, como la construcción de nueva plaza frente a la muralla, con un coste muy elevado. "La Sociedad -incide en informe- podría realizar los trabajos más económicos y así poder vender parcelas de terreno, además que a medida que se fuera poblando la zona, su afán de lucro se estimularía".

También se evidencia el nulo adelanto en las obras de consolidación del limite costero, en Santa María del Mar, a ejecutar por la empresa privada. Se destaca su elevado coste "por lo que se evita su ejecución hasta última hora", a pesar de que el avance del mar en la zona ya ponía en riesgo la carretera general.

El documento busca evitar un conflicto con la anterior Corporación, y el escándalo que ello hubiera supuesto dentro del propio régimen franquista, a la hora de buscar una solución a la errónea concesión de este suelo. "Una operación equivocada de fondo y forma, cuya vigencia causa graves prejuicios a la ciudad y cuya cancelación no es cosa fácil", se afronta.

La Alcaldía intenta "la cancelación voluntaria del compromiso" por parte de la propia empresa adjudicataria, especialmente la zona sur. Aquí la promotora planteaba edificios de viviendas a escasos metros de la muralla, mientras que la Dirección General de Arquitectura consideraba esencial este suelo para la ubicación de jardines "para mayor hermosura de las murallas".

A partir de entonces, Ribera y Cía se centrará casi únicamente en el desarrollo de la urbanización de Bahía Blanca, donde comienzan a levantarse diversos chalés.

Obras tras la Explosión de 1947

Tras la Explosión de 1947 se aceleran las obras en esta zona y las reparaciones en las construcciones afectadas por la tragedia. Habrá acuerdos posteriores para permitir, en el inicio de la década de los 50 la nueva sede del Gobierno Civil y de otros edificios administrativos y, ya en 1955, la venta por parte de la constructora de un terreno para la construcción del edificio del Sindicato Vertical (hoy sede de CC.OO. y UGT).

En 1948, con el fin de afrontar la recuperación de la ciudad tras la explosión de la Base de Defensas Submarinas, se nombra alcalde de Cádiz a José León de Carranza.

Su largo mandato, hasta su fallecimiento en 1969, marcará el desarrolló urbanístico de los extramuros de la ciudad, que Carranza controlará de forma muy directa.

Sin pelos en la lengua, como su padre Ramón de Carranza, alcalde también en los años 20, José León de Carranza también criticará el convenio firmado por el Ayuntamiento franquista con Ribera y Cia.

Destaca el trabajo de Jiménez Mata y Ruiz Nieto-Guerrero, unas palabras de José León de Carranza sobre ese asunto: "(...) Fue nuestro primer cuidado tratar de solucionar mediante una fórmula que permitiera revertir a la ciudad esta zona, ya que era deprimente que el ansia de Cádiz de librarse de la prisión de los glacis no se hubiera obtenido, al quedar dicha zona en manos ".

Sin tener nada que ver con este polémico convenio urbanístico en los inicios del franquismo, la urbanización de todo el frente de la Puerta de Tierra también tuvo un segundo capítulo polémico: el derribo de buena parte de la muralla. Aquí se chocó con la obligación de mantener el torreón central, exigido por el rey Alfonso XIII cuando antes de la República se aprobó el paso a manos de la ciudad de esta fortificación, y el derribo de los brazos de la misma. Se produjo en su momento una agria polémica entre el Ayuntamiento y la Academia de Bellas Artes, hasta que con el Plan de Ordenación elaborado por Regiones Devastadas tras la Explosión de 1947, se opta por cerrar el espacio demolido con dos grandes arcos rebajados laterales.