Las dudas sobre la gestión que realizaron Aguas de Cádiz y el anterior equipo de Gobierno del PP de la crisis del agua del barrio de Loreto, que estuvo sin suministro del 13 al 25 de octubre de 2014, siguen más vigentes que nunca. Un asunto que se podría resolver en sede judicial tras el anuncio realizado ayer por el alcalde de Cádiz, José María González, de remitir a la Fiscalía las conclusiones del informe realizado por técnicos de la empresa municipal de agua.

El primer edil denunció ayer que se permitió el consumo de agua contaminada "a sabiendas", ya que el estudio recoge que las analíticas que se realizaron desde que los vecinos de la plaza de la Fuente dieran la voz de alarma sobre el mal olor que desprendía el agua ya habían detectado una alta presencia de bacterias aerobias en la red de abastecimiento. De hecho, entre las conclusiones se recoge que Aguas de Cádiz debía haber comunicado a la autoridad sanitaria el 3 de octubre esta situación para haber evitado los incidentes posteriores, 10 días antes de cortarse el suministro a todo el barrio.

El estudio, que fue presentado ayer a la Comisión Informativa de Sostenibilidad, a los medios y a los vecinos de esta zona de extramuros, descarta la primera justificación municipal sobre el origen de la contaminación por bacterias coliformes y E.coli sobre el mal estado de una tubería situada en una finca de la calle Hermanos Ortiz Echagüe, 8 y señala que la hipótesis que "muy probablemente" se corresponda con los sucesos de esos días sea por el movimiento de agua estancada y el desprendimiento de biopelícula por la apertura de tres válvulas de entrada del suministro en unas pruebas hechas el 29 de septiembre.

La jornada de ayer estuvo dividida en tres actos para hacer públicos los resultados de un informe que ha sido elaborado por el actual gerente de Aguas de Cádiz, Jesús Oliden; el jefe de Compras, Contratación y Almacén, José Antonio Campo-Cossío; y el jefe de Desarrollos, Control y Sistemas, Pedro González. En primer lugar, la Comisión Informativa de Sostenibilidad recibió los resultados del trabajo técnico. Una reunión que no fue cordial, tal y como denunció posteriormente José María González al señalar que en su transcurso hubo insultos contra los responsables del informe y los miembros del equipo de Gobierno por parte de los concejales del PP.

Ya por la tarde, llegó el momento de las explicaciones públicas. González, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza, calificó como "cuestionable la gestión de la entonces dirección de Aguas de Cádiz -encabezada por el edil del PP Ignacio Romaní-", sobre todo por el asunto de permitir, según el informe, que se consumiera agua contaminada en Loreto. Por ello, el regidor municipal incidió en que lo criticable es "el error" que se cometió, ya que se puso "muchos días en riesgo la salud de los vecinos de Loreto". Por ello, el objetivo del equipo de Gobierno es conocer si las actuaciones realizadas son "constitutivas de delito".

Más allá de lo que suceda en sede judicial, el estudio que se conoció ayer rebate las argumentaciones que se dieron en su día a las autoridades sanitarias y a los vecinos para explicar qué había sucedido y poder restablecer el abastecimiento de agua potable. Por una parte, dentro de las nueve hipótesis que se han trabajado, se asegura en el estudio que se descarta la de la tubería del inmueble de Hermanos Ortiz Echagüe, 8 al detectarse "escasas fisuras" en dicha canalización y no tener la potencia suficiente para que el agua puediera entrar en la red y contaminarse.

Por contra, la que se sitúa como muy probable es la de la movilización de aguas estancadas y el desprendimiento de la biopelícula con una alta presencia de bacterias. La argumentación se sujeta en la acción ya citada que se realizó en Loreto aquel 29 de septiembre. Por aquel entonces, la red de abastecimiento del barrio solo tenía una entrada desde la conexión general que se encuentra en la glorieta Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz. En ese punto se iba a colocar un contador el 30 de septiembre, por lo que se debía abastecer de agua al barrio desde otras tomas. Para ello, un día antes del inicio de las obras se realizó una prueba y se abrieron las válvulas colocadas en la esquina de las avenidas Marconi y Juan Carlos I, y en las rotondas de la residencia Micaela Aramburu y del edificio Ma'arifa.

El estudio recoge que no se cumplió con el Protocolo de Autocontrol de Aguas de Cádiz, que señala que las tuberías con aguas de alta residencia -que están estancadas- deben ser limpiadas, un aspecto que el trabajo señala que "no consta" que se haya realizado. La apertura de cada una de las tres válvulas se hizo con media hora de diferencia, alterando el flujo del agua dentro de la red. En este aspecto, el informe se basa en una simulación del funcionamiento hidráulico del sector de Loreto que ha realizado la empresa Aquageo.

En el apartado de los análisis, y a partir de la relación de las dos fases del incidentes -con un punto de inflexión en el corte del 13 de octubre-, el trabajo de los técnicos sostiene que tras detectarse la presencia de bacterias aerobias en Loreto, al aplicarse el RD 140/2003 no se procedió a su identificacións. En este momento, se indican los problemas de coordinación que pudo haber al no recibir la cadena de mando desde el laboratorio "con la suficiente alarma" el crecimiento de las bacterias aerobias, por lo que, cuando llega, "no se asume su importancia". De hecho, se resalta que el 3 de octubre se debería haber comunicado a la autoridad sanitaria "un incumplimiento de parámetros tipo A -microbiológicos-" en los resultados de los análisis.

Como consecuencia, esta crisis ha tenido un coste de más de 1,3 millones de euros para Aguas de Cádiz. A pesar del riesgo que hubo, sí se recalca que "el impacto epidemiológico fue nulo", aunque la intención del Gobierno de Podemos es llegar hasta el final para depurar responsabilidades políticas.