El Ayuntamiento estudia colocar cámaras de vigilancia en el centro

El Ayuntamiento de Cádiz estudia instalar cámaras de vigilancia en las calles peatonales del casco histórico. Para ello pretende firmar en próximas fechas un convenio con la Dirección General de Tráfico, que es el organismo competente a la hora de autorizar la colocación de este tipo de tecnología en vías públicas y que inevitablemente despierta polémica por la posible violación de la privacidad de las personas. De hecho, fuentes municipales han insistido que la medida se tomaría únicamente para la vigilancia de las infracciones de tráfico y para garantizar la seguridad de los viandantes, que se ve amenazada sobre todo por la presencia de ciclomotores que circulan por calles prohibidas a gran velocidad. De hecho, la Audiencia Nacional, en una sentencia del 17 de junio de 2010, dicta que "la grabación de imágenes con cámaras de vigilancia capaces de grabar la vía pública y a las personas que circulan por ella, constituye tratamiento de datos personales y, por tanto, debe contar con el consentimiento de los interesados, de los ciudadanos captados".

La iniciativa obtuvo el visto bueno en la Junta de Gobierno Local del pasado 23 de julio y José Blas Fernández aclara que Cádiz no será la única ciudad que podría tomar esta medida. Según manifestó, fue la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quien se puso en contacto con ellos para ofrecerles activar esta campaña en la que está muy interesada la DGT. "Hay que tener en cuenta -dice José Blas Fernández- que en estos momentos hay ciudades de España que aún no están quitando puntos en los carnés a los conductores por no saber cómo hacerlo, o por no poder detectar las infracciones más habituales en sus cascos históricos".

Tráfico quiere disponer de un actualizado registro de infractores y aumentar la coordinación entre todas las administraciones para garantizar la seguridad vial en todo el territorio.

La instalación de cámaras con objeto de captar infracciones de tráfico en las ciudades viene regulada por el Real Decreto 1.181/2008 del 11 de julio y, según Fernández, el Ministerio del Interior es otro de los organismos que más empeño está poniendo para que el mayor número de poblaciones del país apruebe la instalación de las cámaras en sus calles cuanto antes.

En estos momentos los técnicos municipales y el servicio jurídico del Ayuntamiento está estudiando el proyecto y una vez que se dé luz verde al mismo se firmará un convenio con la FEMP y la DGT, que "incluso se harían cargo del coste de su instalación". Para ello, será necesario redactar un anexo al acuerdo marco en el que el Consistorio gaditano explicará sus necesidades en este campo. "Evidentemente no todas las ciudades tienen el mismo tamaño ni las mismas peculiaridades en el tráfico rodado. Hay algunas que colocan seis cámaras y otras sesenta. Nosotros tendremos que estudiar las calles más complicadas, donde hemos observado que se produce un mayor número de infracciones para colocarlas ahí", dijo.

Según parece, la FEMP incluso aporta recursos humanos para echar a rodar el proyecto, a la hora de enseñar a los operarios municipales el funcionamiento de las cámaras o la forma de almacenar las imágenes grabadas con cámaras provistas de un potente zoom que permite ver con claridad la matrícula del vehículo infractor.

Finalmente, Fernández señaló que en las zonas donde se instalen estas cámaras habrá que colocar unas señales "porque la Ley obliga a informar a los ciudadanos que están en una zona vigilada".