Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz no cumple con la Cámara de Cuentas

  • El último informe de este órgano, relativo a 2018, refleja que Cádiz no presenta ni sus cuentas ni información de los contratos suscritos

  • La Cámara de Cuentas de Andalucía pide que el Ayuntamiento deje de recibir la partida correspondiente en la Participación de los Tributos del Estado por este incumplimiento

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. / Fito Carreto

El Ayuntamiento de Cádiz no rinde cuentas, o ha dejado de hacerlo. Así se pone de manifiesto en el último informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, que refleja que el de Cádiz es uno de los ayuntamientos que no ha presentado las cuentas de 2018. Ni en el plazo estipulado (antes de noviembre de 2019) ni en la prórroga concedida hasta el 1 de enero de 2020. Algo que también ocurrió en relación a las cuentas de 2017, por lo que el organismo andaluz no tiene noticias del consistorio gaditano desde el año 2016, cuando sí se presentaron.

Además de la presentación de la cuenta general (integrada por la cuenta del Ayuntamiento y por las de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, además de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria el Ayuntamiento, como puede ser el caso de Eléctrica de Cádiz) tampoco ha cumplido Cádiz con la obligación de presentar la relación de contratos suscritos en ese ejercicio de 2018. Contratos, conviene recordar, que están plagados de reparos por la Intervención por lagunas e irregularidades que se solventan con continuos decretos del alcalde levantando dichos reparos.

Es la Ley Reguladora de Haciendas Locales la que establece la obligación de presentar las cuentas a la Cámara de Cuentas de Andalucía, después de ser presentadas antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente, sometidas a informe de la Comisión Especial de Cuentas (formada por los distintos grupos políticos que formen la Corporación) antes del 1 de junio, expuesta al público para posibles reclamaciones, y aprobada finalmente por el Pleno antes del 1 de octubre.

De igual manera, hay que remitir a la Cámara de Cuentas “relación anual certificada de los contratos formalizados en el ejercicio anterior, cuya cuantía supere los 50.000 euros (IVA excluido), tratándose de obras, y 18.000 euros (IVA excluido) para los demás tipos de contratos”. Todo ello para que la Cámara vele por el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas en el plazo y la forma establecidos, “la calidad y coherencia de las cuentas rendidas y sobre la obligación de remisión de las relaciones anuales de contratos formalizados y copias certificadas de los documentos en el que se hubieran formalizado determinados contratos”.

Este incumplimiento del deber de rendición de cuentas puede tener graves consecuencias para el Ayuntamiento. De hecho, la Cámara de Cuentas de Andalucía anuncia que ha remitido ya una comunicación a la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerios de Política Territorial y Función Pública, y otra a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda “en la que se comunica la relación de todas las entidades que no han rendido la Cuenta General del ejercicio 2018, así como aquellas que tienen pendiente de rendir alguna cuenta de ejercicios anteriores, 2005 a 2017”. Caso en el que estaría incluido Cádiz, que no ha presentado -al menos- las de 2017 y 2018. Y en esa comunicación lo que se reclama es “la eventual aplicación de la retención de la participación en los tributos del Estado a la que se refiere el art. 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible”. Es decir, que el Ayuntamiento se vería amenazado de dejar de recibir fondos del Gobierno central a consecuencia de este incumplimiento con la Cámara de Cuentas andaluza.

Además, señala el informe de este órgano que este incumplimiento es considerado como infracción muy grave en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, “previéndose la correspondiente sanción al respecto”.

La Cámara apuesta por sanciones más duras

Fruto de la falta de diligencia en la rendición de cuentas que presentan un buen número de administraciones locales y provinciales, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Cádiz, el informe de la Cámara de Cuentas establece algunas conclusiones dirigidas a reforzar las sanciones por esta mala praxis.

Así, por un lado plantea “llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a favor de las entidades locales, con independencia de su naturaleza, a la efectiva rendición de la Cuenta General”; una medida que extendería a la rendición de esas entidades dependientes que forman parte de la cuenta general de la administración (en este caso el Ayuntamiento) y a la remisión de las relaciones anuales de los contratos formalizados.

Por otro lado, propone la Cámara de Cuentas de Andalucía que sea habilitada “para la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas y remisión de las relaciones anuales de los contratos formalizados”. Algo que, indica, ya ocurre en otras comunidades autónomas, citando expresamente el Consejo de Cuentas de Castilla y León, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y el Consello de Contas de Galicia.

Del mismo modo, se insta a las administraciones estatal y regional “para que tan pronto tengan conocimiento de la falta de rendición de las cuentas generales de una entidad local, hagan efectivas de manera oportuna las medidas que ofrece la normativa, de modo que la aplicación de las mismas impulse en la práctica la rendición”.

“Las entidades locales deben redoblar esfuerzos para que la formación, tramitación, aprobación y rendición de la Cuenta General, conforme al procedimiento y en los plazos establecidos, sea un objetivo prioritario, ya que, además de ser una exigencia legal, es un elemento clave para la transparencia, y más aún cuando el acto de aprobación no supone la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas”, concluye la Cámara de Cuentas de Andalucía.

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