Veinte años después y el hotel del Algarrobico sigue en pie

Del despacho de un juzgado de lo Contencioso de Almería, jamás ha salido fallo alguno que tuviera la trascendencia del que Jesús Rivera estaba apunto de dictar hoy hace veinte años. Tres años antes, Mario Sanz, el farero de Mesa Roldán, había visto unas excavadoras en un lugar en el que no deberían estar. Las siguió hasta la playa del Algarrobico. Lo comentó con el colectivo ecologista Salvemos Mojácar que, tras verificarlo, interpusieron la correspondiente demanda. Ese 21 de febrero de 2006 se iniciaba uno de los procesos judiciales por un mero asunto urbanístico más largo de toda la historia española. A pesar del tiempo transcurrido, al periplo por distintos órganos judiciales no se le ve un final próximo.

Hace un año la todavía vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, intentaba esgrimir un argumento que justificara su candidatura a la Junta de Andalucía ya como secretaria general de los socialistas andaluces. Frente a un atril, en el poco espacio que queda desde el primer muro del hotel hasta la orilla del mar, el 10 de febrero anunció que el Gobierno iniciaba los trámites para expropiar la mitad de los terrenos que ocupaba el inmueble. Pocos, tal vez si siquiera ella misma, apostaba por ese primer vaticinio de que “en cinco meses” el hotel estaría demolido. Ni tan siquiera en la matización que se hizo poco después y que apuntaba a “finales de año”. Sí que hay que atribuirle un mérito como es el de haber puesto encima de la mesa un asunto pendiente del que gobiernos de uno y otro signo político, tanto centrales como autonómicos, se habían olvidado hasta la inacción.

Lo cierto es que desde esa primera resolución judicial hasta el 2014 el proceso era uno de tantos con presuntas irregularidades. En 2003 la promotora había comenzado las obras. Un juez las paraliza. La empresa recurre y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratifica la suspensión cautelar de las obras. El juzgado de lo Contencioso número dos declara ilegal la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras. La Junta trata de defender la autorización dada y recibe un duro varapalo del Tribunal Supremo que le exige que aplique una protección mayor a la zona. La administración autonómica se pone manos a la obra y publica una resolución en la que considera que el hotel se ubica en un espacio protegido no urbanizable.

Se llega incluso a modificar la Ley de Costas que determinaba una protección de 50 metros a partir de la línea de costa y se establece la misma a cien metros y con carácter retroactivo. El Supremo rechaza el recurso que el Ayuntamiento de Carboneras interpuso contra esa decisión. Ese mismo tribunal, llega incluso a rechazar la pretensión de la promotora de cobrar una indemnización.

Si hay que buscar un punto de inflexión en todo este procedimiento judicial, está en ese 2014. En dos sentencias dictadas en un periodo de apenas cuatro meses, el TSJA declara urbanizables los suelos en los que se asienta el hotel y falla a favor de la licencia municipal. Hay quien lo considera el primer caso de lawfare en España, aunque entonces ese término no estaba incorporado al lenguaje.

Para entender la verdadera dimensión de estos fallos, la consideración de urbanizables de los terrenos en los que se asiente el hotel, se ha resuelto esta misma semana. El TSJA archivó este martes la pieza de ejecución destinada a dar cumplimiento el fallo dictado en 2016. Han pasado ocho años desde entonces. Para resolverlo, el alto tribunal andaluz ha llegado a advertir a los sucesivos alcaldes de Carboneras con sanciones cada vez más graves por no dar cumplimiento a lo acordado. Varios plenos cuyos acuerdos no se cumplían y un Ayuntamiento casi en rebeldía, independientemente de quién lo gobernara, literalmente todos.

¿Dónde estamos?

La calificación de los terrenos como no urbanizables tiene una importancia más trascendente de lo que parece. Hace unos días se supo que la intención de la promotora era solicitar más de 47 millones de euros por los terrenos, mientras que el Gobierno no llega ni a los 17.000 euros. La primera considera y así lo tratará de hacer valer que cuando se le concedió la licencia sí lo eran; el Ministerio de Transición Ecológica cree que los terrenos no valen nada porque nada puede construirse en ellos. No habrá acuerdo y vuelta a los tribunales, aunque en esta oportunidad el periplo será más breve, ya que los órganos de lo Consistorio suelen ser más ágiles, pero llevará su tiempo.

La otra pata, la anulación de la licencia de obras, está en manos de un Ayuntamiento que no quiere anularla y que previsiblemente no lo hará por temor a unas indemnizaciones que pueden quebrar su caja para los restos. Esta es la única vía pro la que apuesta la Junta de Andalucía, cuya actitud ha cambiado poco respecto a las anteriores; dejar que el tiempo pase. Ni siquiera se ha planteado en proceder a expropiar la mitad de la superficie bajo su gestión. Eso sería alinearse con la postura de Montero y la proximidad electoral lo desaconseja desde un punto de vista político.

Una de las personas que más y mejor conoce el tema, José Ignacio Domínguez de Ecologistas en Acción resume estos veinte años: “La única resolución judicial que ha tenido efectos tangibles ha sido el auto del juez Jesús Rivera paralizando las obras hace 20 años. Las 14 sentencias del Tribunal Supremo han servido de poco”. Quedan todavía unas cuantas más antes de que uno de los emblemas europeos del urbanismo sin control pueda dejar de estorbar con su presencia la visión de un paraje único.