La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en las ayudas vinculadas a los ERE, ha imputado en la causa a un segundo ex alcalde socialista de la Sierra Norte de Sevilla, Ángel Rodríguez de la Borbolla, que fue regidor en la localidad de Cazalla de la Sierra. En un auto dictado el pasado lunes, la magistrada ha acordado la imputación de otros dos empresarios que recibieron diversas ayudas públicas: José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo -ya imputado en el proceso-, y José María Sayago Lozano.

La imputación del ex alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, se produce porque, según indica la instructora, recibió ayudas públicas por importe de 9.009.108 euros mediante un "entramado de empresas" dedicadas a la manufactura del corcho, "sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas", informa Europa Press. En cuanto a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, la juez relata que accedieron a ayudas que superan los 29 millones de euros a través de un "entramado de empresas ubicadas la mayoría en la Sierra Norte de Sevilla y sirviéndose de sus contactos personales con la Junta de Andalucía". La juez señala que, como en el caso de Ángel Rodríguez de la Borbolla los empresarios ahora imputados recibidos las subvenciones con cargo a los fondos públicos "sin mediar solicitud, sin existir procedimiento y sin haber acreditado los fines para las que fueron concedidas".

La juez ha acordado estas tres nuevas imputaciones justo antes de la declaración que tendrá lugar este miércoles del principal imputado en la causa: el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero Benítez, quien ha declarado recientemente en dos ocasiones ante la Guardia Civil y que comparece por primera vez ante la juez Alaya. En su última declaración, Guerrero aseguró que el ex consejero de Empleo y ex secretario de los socialistas sevillanos José Antonio Viera jugó un papel esencial en la concesión de las ayudas a las empresas de la Sierra Norte. Buena parte de estas ayudas se destinaron a empresas vinculadas a José Enrique Rosendo y José María Sayago. En una de estas empresas, Marco de Estudios y Proyectos siglo XXI, trabajaron precisamente la hija de José Antonio Viera y el hijo del parlamentario socialista andaluz José Caballos.

Mercedes Alaya ha adelantado las tres últimas imputaciones para permitir que los abogados de estas personas puedan acudir a la declaración de Francisco Javier Guerrero, con lo que se "salvaguarda el derecho de defensa y el principio de contradicción".

En la causa en la que se investigan las irregularidades en los ERE hay ya imputadas 55 personas, entre "intrusos", perceptores de ayudas y empresarios, lo que ha obligado a que para la declaración de Guerrero se haya habilitado una sala de vistas para dar cabida a todos los abogados defensores de los imputados que quieran asistir a la comparecencia. La declaración de Guerrero está fijada para hoy, pero la juez ha previsto que pueda continuar mañana en caso de que no finalice durante esta jornada.