La juez Ana Rosa Curra, que ha asumido la investigación de los ERE fraudulentos ante la baja continuada de Mercedes Alaya, ha decidido mantener en prisión provisional a Juan Francisco Algarín, el presunto testaferro de las denominadas “empresas pantalla” que se habrían utilizado para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las “sobrecomisiones” aplicadas a las pólizas de las prejubilaciones financiadas por la Junta.

La petición de libertad fue realizada por la defensa del testaferro y a la misma se opuso la Fiscalía Anticorrupción, con unos argumentos que la juez Curra ha plasmado en un auto. El posible riesgo de fuga del detenido, la posibilidad de que destruya pruebas y de que entre en contacto con otros imputados, son los motivos principales que han llevado a la juez a desestimar la petición de libertad, sobre la que ahora tendrá que decidir la Audiencia de Sevilla.

Juan Francisco Algarín está en prisión desde el pasado 15 de enero, imputado por cinco delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. En sus declaraciones, Juan Francisco Algarín reconoció que llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y desde distintos bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla hasta una cafetería situada en los bajos de la Delegación de Empleo en la capital. También aseguró que, a veces, en lugar de sobres llevó fundas de ordenadores portátiles repletas de billetes de 200 y 500 euros. La recogida de esos sobre se habría realizado, según el imputado, siguiendo las órdenes del supuesto “conseguidor” de los ERE y también imputado en la causa Juan Lanzas.

Juan Francisco Algarín figura como administrador de la empresa Distripack Transporte Urgente, que habría recibido cheques por importe supuestamente de 362.500 euros.El presunto testaferro, de 48 años y que hasta su detención estaba en un centro de acogida en fase de rehabilitación, fue detenido el 14 de enero pasado y puesto a disposición del juzgado de Guardia al día siguiente.

La Guardia Civil, en un informe realizado en octubre pasado, antes de que se declarara el secreto de sumario, detectó la presencia de al menos tres empresas dedicadas a servicios de mensajería –Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como empresas pantalla.

El informe situaba al supuesto conseguidor de los ERE Juan Lanzas como el ideólogo de este sistema, ya que señalaba que la operativa “podría estar encaminada a la intención por parte de Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís y el holding Vitalia” de utilizar estas sociedades como empresas pantalla, si bien la UCO señalaba que aún no se había acreditado –a la fecha del informe- si esa utilización se produjo “con o sin consentimiento” por parte de esas sociedades.

La Guardia Civil sospechaba que con esta “maniobra” podrían haber introducido en el circuito financiero y con “apariencia de legalidad” el dinero procedente de las sobrecomisiones de las pólizas financiadas por la Junta.

El documento recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habría recibido Eduardo Leal del Real, que figura como administrador único de las empresas Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, y otros 362.500 euros en el caso de Distripack Transporte Urgente, sociedad en la que Eduardo Leal figura como administrador solidario junto a Juan Francisco Algarín.

El estudio de la Guardia Civil espera aclarar “los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas y los mecanismos utilizados para su adjudicación”, dado que de ese estudio se deduce que dichas ayudas “habrían sido concedidas con ausencia del procedimiento administrativo previsto y aplicable”.