Andalucía ha tramitado 19 solicitudes de eutanasia desde la entrada en vigor hace ahora un año de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, de las que se han llevado a cabo 11. Además, seis peticiones han sido rechazadas y otras dos están pendientes de resolución.

Fuentes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía han precisado que a fecha de 20 de junio hay 523 sanitarios inscritos en el registro de objetores de conciencia para realizar la prestación a la eutanasia, 257 se inscribieron en ese registro en 2021 y 266 en 2022.

La eutanasia está permitida por la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio de 2021 y que establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que estén en un estado de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" o en caso de "enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Andalucía constituyó en noviembre la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir, organismo cuya creación está prevista en la ley estatal y que está formada por 13 miembros, de los que cinco son titulados en Medicina, cinco lo son en Derecho y tres en Enfermería.

La comisión se reúne una vez al mes para hacer actuaciones de verificación previa, como resolver las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable deniega su solicitud, dirimir posibles conflictos de intereses de los profesionales implicados o acreditar si la prestación se efectúa de acuerdo con los procedimientos previstos en la norma.

180 eutanasias practicadas en España

El primer año de la Ley de Eutanasia se ha saldado en España con la práctica de 180 eutanasias. La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha celebrado el primer año de la entrada en vigor de la ley aunque ha reprochado las diferencias entre las comunidades autónomas. La organización ha recibido cientos de consultas sobre la nueva ley y ha asesorado a muchas personas para tramitar su solicitud. A la espera del informe anual del Ministerio de Sanidad, los datos recabados por la asociación muestran que la ley se está desarrollando a "diferentes velocidades" y "con demasiados obstáculos" en algunas comunidades.

Entre las comunidades donde mejor funciona la eutanasia están Cataluña, Navarra y País Vasco, según los datos que maneja DMD. Las tres comparten elementos comunes: empezaron a trabajar pronto la ejecución de la ley, han formado a numerosos profesionales, revisan a menudo sus procedimientos, han designado personas de referencia para asesorar a los profesionales sanitarios que tienen dudas y, además, sus Comisiones de Garantía y Evaluación (CGE) no sólo autorizan o rechazan las peticiones de ayuda para morir, sino que ejercen de organismo de consulta.

En el otro extremo, asegura DMD, destacan Madrid y Andalucía. Fueron las últimas en crear su CGE (se retrasaron hasta octubre y noviembre, respectivamente), privando durante meses de este derecho. Ambas comunidades autónomas, a juicio de DMD, deben desarrollar el modelo de referentes para apoyar a los profesionales, formar a más sanitarios e impulsar los protocolos en Atención Primaria, hospitalaria, residencias y sanidad privada que están dando buenos resultados en otras autonomías.