Andalucía sigue como la región de España con más niños en riesgo de pobreza

Hay barrios donde los apagones son cotidianos como el sol de cada día. Son tan comunes que no sólo no abren los telediarios sino que ni siquiera son motivo ya de una noticia. Tan acostumbrados están los vecinos de estos puntos negros que el gran apagón ibérico los ha pillado adiestrados. A Fátima, sevillana del barrio de Torreblanca, no le faltan las velas ni una reserva de pilas que alimenta a un viejo aparato de radio y a un pequeño calentador. La fuga de la luz durante horas, a veces durante un día, no pilla ya a Fátima desprevenida: tiene guardada harina, levadura y unas latas de sardina en escabeche para los días más críticos. Los apagones pueden llegar a ser el pan nuestro de cada día. Pero sin pan.

Fátima, madre soltera de 34 años, cuidaba hasta hace unos meses de una mujer anciana de un barrio cercano que ha muerto. Ahora está sin trabajo y con tres bocas que alimentar. “Si no fuera por Cáritas...”, dice de sus visitas a la parroquia. Al dueño del piso le debe tres meses de renta y, por descontado, no se puede permitir tener un coche, irse de vacaciones ni comer carne y pescado cada dos días. Estos índices, que sólo de oírlos hacen reír a Fátima, son los que señalan una carencia material y social aguda para los especialistas. Para los trabajadores sociales, las dos niñas y el niño de Fátima están en “riesgo de pobreza y exclusión social”.

La pobreza es una de las sombras de Andalucía, que sigue siendo la región con un mayor número de niños en riesgo de pobreza en España. En esa situación está el 44% de la población andaluz con menos de 18 años. El dato, referido a la tasa Arope, lo recoge el informe anual de la Plataforma de la Infancia después de analizar la encuesta de las condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Los autores de este informe destacan no obstante la leve mejoría que ha experimentado la comunidad autónoma con respecto al año anterior. En 2023, la ratio de pobreza infantil andaluza era del 47%. La leve mejoría no impide que la región siga a la cola de España. Mejor que Andalucía se sitúan Murcia (44), Castilla-La Mancha (40) y Valencia (40%) y destaca la diferencia con comunidades como Galicia (16%), País Vasco (22) o Aragón (26).

La pobreza en femenino

No son pocas las instituciones y organizaciones que expresan una preocupación no solamente por la estructuralmente alta tasa de pobreza existente en Andalucía sino por las desigualdades entre las distintas partes del país. La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social avisa de la existencia grandes bolsas de escasez material en las áreas rurales y en las grandes ciudades. Los organismos que trabajan en el terreno asocian igualmente una mayor probabilidad de pobreza y de exclusión social a las madres solteras, un colectivo en el que abundan las personas desempleadas o con empleos con una baja remuneración.

Es la denominada “pobreza en femenino”, según el concepto que recoge el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz de 2024. Este fenómeno, en efecto, está condicionado por un mayor nivel de paro, la diferencia o brecha salarial, la inactividad y la interrupción forzosa de las carreras académicas o profesionales, que se suman a una particular dedicación al trabajo no remunerado en las casas que acarrea un menor tiempo empleado para aspectos como la “mejora de la formación” y por tanto de su “situación laboral”.

Las consecuencias de la pobreza no pesan exclusivamente en el ámbito material, en la escasez de los productos básicos. Hay estudios que vinculan las situaciones de exclusión a un peor rendimiento escolar y, por extensión, a medio y largo plazo, a unas condiciones laborales precarias. Los niños en riesgo de exclusión suelen sacar peores notas, abandonan los estudios antes de la edad obligatoria, factores ambos que afectan también, como subraya el análisis, al desarrollo social y económico de la región. La Plataforma de la Infancia insta a las administraciones a que destine más dinero a reducir las bolsas de pobreza –material en el corto plazo y laboral y económico en el largo plazo– y menciona políticas concretas como el aumento para las ayudas a la crianza, aumentar los permisos parentales remunerados y dedicar más fondos a las rentas mínimas.

La importancia de las rentas públicas

El Defensor del Pueblo Andaluz se refiere en su informe al voluminoso número de quejas que recibe en relación a la Renta Mínima de Inserción Social, una ayuda de la Junta de Andalucía. El Defensor reitera un año más la solicitud a las administraciones de combatir los “importantes retrasos” de la resolución del expediente y las dilaciones en resolver el Ingreso Mínimo Vital, que es una renta de la que es responsable el Gobierno central. El Defensor también cita las protestas ciudadanas que recoge en torno a la tarjeta monedero o el bono carestía.